La Comisión de Desarrollo Económico recibió la comparecencia de varios ciudadanos, con el objetivo de escuchar sus aportes al proyecto de reformas a la Ley Reformatoria a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

Luis Azogue, presidente de TRANSUR, destacó que el transporte técnico y logístico a nivel nacional no ha sido debidamente considerado, por lo que solicitó que se les dé la misma igualdad de condiciones para trabajar libre y voluntariamente, dado que carecen de un marco legal que facilite contrataciones directas con el SERCOP.

Fernando Montalvo, vicepresidente de TRANSUR, hizo referencia al artículo 33 de la Constitución que determina que “el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía”. Recalcó que no están pidiendo crear una nueva modalidad de transporte, sino que se reconozca una modalidad que ha operado durante muchos años y ha sido tercerizada.

Eduardo Guerrero, asesor de la Empresa Pública de Tránsito Pasaje, expresó su preocupación porque en el año 2013 la Organización Mundial de la Salud determinó que los accidentes de tránsito eran la primera causa de muerte no natural en jóvenes de 15 a 29 años en Latinoamérica y en el año 2021 el INEC determinó que en Ecuador existen 12 fallecidos por accidente de tránsito cada 100 mil habitantes.

Por ello propusieron cinco ejes de reforma para la Ley de Tránsito, basándose en el fortalecimiento de los GAD, modelo de gestión tipo B para el control operativo.

En ese sentido, sugirió prohibir el láser doppler como tecnología de control de velocidad en el país, al ser una tecnología obsoleta y sustituirla con mecanismos de analíticas de video que permiten la mayor fiabilidad en el control de velocidad.

Para concluir, Wilfrido Vélez, presidente de la Unión de Taxis Ejecutivos de Manta, señaló que las plataformas digitales internacionales están afectando negativamente al sector de transporte, generando informalidad, falta de seguridad y evasión fiscal, por lo que solicitó realizar una revisión equitativa de las necesidades de los taxistas ejecutivos para asegurar condiciones justas e inclusivas.