Esta medida, en teoría, busca proporcionar un marco normativo claro y uniforme para la presentación, negociación y suscripción de contratos colectivos en ambos sectores laborales según el Acuerdo Ministerial 080 de 12 de junio. Que en su pare sustancial dice:

“Se verificará que los gerentes y administradores y quienes ejerzan la representación legal en las entidades y empresas públicas o sociedades mercantiles en las que el Estado o sus instituciones tengan mayoría accionaria, comprendidas en la Ley Orgánica del Servicio Público, bajo ningún concepto se beneficien de las cláusulas de la contratación colectiva.”

Según el Ministerio, “se realizará el control posterior de los contratos colectivos suscritos en las Empresas Públicas o en las entidades de derecho privado, en las que haya participación mayoritaria de recursos público, a fin de verificar que estén excluidos de la contratación colectiva, los servidores públicos de libre designación y remoción”.

Algo que es cuestionado por los sindicatos como el FUT y el Frente Popular, quienes creen que se esta desnaturalizando a la organización social a través de la figura de los contratos con sindicatos, algo garantizado por la constitución.

“Ya no existe libertad para el contrato colectivo, al final del día tiene que dar el informe el ministerio de Finanzas, ya no es posible sentarse a conversar con el empleador y los trabajadores para discutir este contrato”, sostiene el Presidente del FUT.

Lo que pretende el gobierno, advierte el dirigente, que todo contrato colectivo así sea por sentencia del Tribunal de Arbitraje, pase por aprobación del Ministerio de Finanzas, en contra lo que establece la propia Contraloría y la propia Corte Constitucional, dice Villavicencio.

“Como se necesita informe de Finanzas y de la institución, que nos van a decir, que no hay plata, lesivo para la contratación colectiva a pretexto de esos abusos que han existido, que han sabido y aún así no han hecho nada, todos los gobiernos que han pasado.”

Además, de controlar a quienes ocupen cargos ejecutivos, dirección, representación, gerencia, asesoría, de confianza, apoderados generales, consultores y los servidores públicos de carrera, servidores y funcionarios sujetos a regímenes diferentes al Código del Trabajo, bajo la LOSEP.

Algo que es cuestionado por los sindicatos como el FUT y el Frente Popular, quienes creen que se esta desnaturalizando a la organización social a través de la figura de los contratos con sindicatos, algo garantizado por la constitución.

“Ya no existe libertad para el contrato colectivo, al final del día tiene que dar el informe el ministerio de Finanzas, ya no es posible sentarse a conversar con el empleador y los trabajadores para discutir este contrato”, sostiene el Presidente del FUT.

Lo que pretende el gobierno, advierte el dirigente, que todo contrato colectivo así sea por sentencia del Tribunal de Arbitraje, pase por aprobación del Ministerio de Finanzas, en contra lo que establece la propia Contraloría y la propia Corte Constitucional, dice Villavicencio.

“Como se necesita informe de Finanzas y de la institución, que nos van a decir, que no hay plata, lesivo para la contratación colectiva a pretexto de esos abusos que han existido, que han sabido y aún así no han hecho nada, todos los gobiernos que han pasado.”

Desmiente además que existan sueldos dorados o privilegios en varias instituciones del estado y si así fuese, se debió corregir a tiempo.