Juan Pablo Albán, profesor del Colegio de Jurisprudencia y vicepresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, abordó la grave situación en las cárceles ecuatorianas, resaltando la crisis alimentaria y las violaciones de derechos humanos que enfrentan los presos.

A pesar de una disposición reciente para permitir el ingreso de alimentos a la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, esta medida no se cumplió. Familias de los detenidos, que recolectaron alimentos como aceite, lentejas y azúcar, se vieron obligadas a regresar con sus donaciones. Albán destacó que esta situación refleja una falta de organización y respuesta efectiva por parte del Servicio de Atención a Privados de Libertad (SNAI).

Subrayó que informes de Human Rights Watch y exhortos de la Defensoría del Pueblo han documentado violaciones sistemáticas de derechos humanos en las cárceles ecuatorianas, incluyendo denuncias de tortura y malos tratos.

“El Estado, al privar de libertad a una persona, se convierte en garante de sus derechos, incluyendo alimentación, salud y seguridad”, afirmó al indicar que cualquier violación de estos derechos, incluso si es causada por otros detenidos, recae en última instancia en la responsabilidad del Estado si no se toman medidas preventivas adecuadas.

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La Defensoría del Pueblo ha emitido exhortos, pero aún no ha iniciado procesos de investigación más amplios ni ha presentado denuncias formales. Albán señaló que esta inacción es preocupante y que la Defensoría debería considerar iniciar procesos constitucionales o penales si no hay mejoras inmediatas en las políticas penitenciarias.

La crisis de hacinamiento en las cárceles ecuatorianas se ha agravado con la detención masiva de personas en el marco del estado de excepción. Según Albán, de las 35.000 personas detenidas, solo 500 han sido procesadas judicialmente, lo que sugiere que la mayoría de las detenciones podrían ser arbitrarias y violar estándares internacionales de derechos humanos.

Finalmente, hizo un llamado urgente al gobierno para desarrollar una política pública adecuada que garantice los derechos de los detenidos. Depender de donaciones y caridad no es sostenible ni respetuoso con la dignidad humana. Además, enfatizó que la falta de alimentación adecuada puede constituir trato cruel e inhumano, lo que podría derivar en responsabilidades internacionales para el Estado ecuatoriano.

“La calidad de una sociedad se mide por la forma en que trata a las personas que se encuentran en una situación de mayor desamparo”, concluyó Albán, citando a Nelson Mandela