La Comisión de Fiscalizaciòn y Control Político escuchó a Johanna Vedezoto, integrante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en torno a las denuncias presentadas en su contra, las cuales -presuntamente- pondrían en entredicho la transparencia del proceso de selección de la primera autoridad de la Defensoría Pública.

En este contexto, la consejera Verdezoto subrayó que su compromiso es recuperar la institucionalidad del país. Lamentó que haya sido víctima de violencia política, al igual que muchas mujeres del país, con quienes se solidarizó, al recordar que se trata de una joven madre, que no está cobijada por ningún partido u organización política y que llegó al CPCCS con el respaldo de su provincia (Los Ríos) y del pueblo montubio del Ecuador, al cual representa.

Agregó que el proceso de selección del nuevo Defensor Público no inició en el actual período, sino que lleva tres años y que es su deber como consejera velar por la transparencia, no calificar o descalificar a ningún postulante, por lo que no se puede hablar de tráfico de influencias.

Explicó que en la denuncia en su contra no se cumplieron los reglamentos de la institución y solo se presentó esa información en los distintos medios de comunicación, sin darle el derecho a la legítima defensa.

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De otro lado, justificó su pedido de reposición de gastos de residencia con un contrato debidamente protocolizado, al igual que los demás consejeros que no residen en la ciudad de Quito, razón por la cual no entiende por qué se escandaliza cuando ha pedido se le reconozca un derecho.

Mientras, las consejeras Nicole Bonifaz y Yadira Saltos indicaron que la abogada Verdezoto tiene un conflicto de interés en la designación de Defensor Público, por su cercanía con uno de los postulantes mejor puntuados en el referido concurso. Sin embargo, el Consejo no ha tomado las medidas del caso.

Entre tanto, Andrés Fantoni, presidente del CPCCS, indicó que las denuncias presentadas en contra de Johanna Verdezoto están en conocimiento de la Secretaría de Transparencia y deben cumplir los procesos internos previstos en la Ley y el Reglamento respectivo.

En relación al supuesto mal uso de su carné de discapacidad, Fantoni recordó que una denuncia debe estar acompañada de pruebas. Explicó que efectivamente tiene una discapacidad que fue detectada hace más de nueve años. En 2020, se realizaron los trámites pertinentes para sustentar su condición de discapacidad. Agregó que los bienes a que se refiere la denuncia son de segunda mano y fueron adquiridos antes de contar con el carné de discapacidad.