La dosimetría penal, el incremento de penas hasta en el 319 %, las investigaciones financieras previo a la extinción de dominio, la eliminación de la confiscación, el hacinamiento en las cárceles, entre otros, fueron los temas analizados por los representantes de los gremios de profesionales de derecho, universidades y docentes, respecto al proyecto de Ley unificado de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y a la Ley de Extinción de Dominio, sobre la base de las cinco iniciativas remitidas por el Presidente de la República.

Previo a las ponencias, el presidente de la Comisión Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Ley de la Consulta Popular y Referéndum del 21 de abril de 2024, Carlos Vera Mora explicó el mecanismo de participación de los invitados para aportar a las iniciativas legales relacionadas con el pronunciamiento de pueblo.

En este sentido, el docente universitario, Paúl Córdova sugirió a la comisión que en el tratamiento de las reformas al COIP considere la dosimetría penal, que es la aplicación de principio de proporcionalidad de las penas en función del daño efectuado a la sociedad, así como los estándares convencionales y el pronunciamiento de la Corte Constitucional, al momento de definir el procedimiento establecido en la Ley de Extinción de Dominio.

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El presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Paúl Ocaña comentó sobre el incremento de penas en ciertos delitos. Consultó en qué análisis o estudio criminológico se sustenta el incremento en el 319 % de la pena en el delito de financiación de terrorismo, constante en el artículo 367 del COIP.

El segundo tema referido fue respecto a la reforma a la Ley de Extinción de Dominio que violaría el principio de inocencia. César García, del Colegio de Abogados del Guayas, señaló que se debe respetar la supremacía de la Constitución y la voluntad popular.

Precisó que, no solamente se deben subir las penas, sino fortalecer la política criminal y medios alternativos para solucionar los problemas. Además, planteó efectuar investigaciones financieras a la par de la investigación penal.

Por su parte, Santiago Velásquez, decano de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la Universidad Espíritu Santo, con relación a la reforma al COIP, respecto a la entrega de las armas, partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, para uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, sugirió que se elimine la facultad de confiscación, porque contradice la Constitución.

Respecto al incremento de penas aspiró que exista el criterio técnico respetando el principio constitucional de proporcionalidad. En cuando a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio planteó que la declaratoria sea efectuada mediante proceso judicial autónomo.

Mario Cuvi, director ejecutivo de Posgrado y Educación Continua de la Universidad Ecotec, fue partícipe de ceñirse estrictamente a la Constitución y a los estándares de la sentencia de la Corte Constitucional en la reformas legales. Comentó sobre el porte y tenencia de armas, que no debe afectar a la tenencia y uso civil.

De su lado, el rector de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo, Jaime Alarcón sostuvo que el aumento de las penas en los delitos no es el camino más adecuado para reducir la delincuencia, porque genera congestión de trámites en las unidades judiciales, hacinamiento en los centros de rehabilitación social y aumento del costo del sistema carcelario, que en la mayoría de los casos empeoran los problemas.

Planteó la necesidad de medidas subsidiarias a la pena privativa de libertad, como el trabajo comunitario, en delitos leves.

Por último, Daniel Pontón, docente de la Universidad de Posgrado del Estado, se refirió a la sociología del castigo, utilidad de la pena y sus fines. Dijo que el Ecuador más allá del incremento de penas requiere efectividad de la justicia.