Mishel Mancheno, secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, expuso ante la Comisión de Seguridad los decretos ejecutivos expedidos para dar cumplimiento a la institucionalización del ente rector de la política criminal y derechos humanos, y del organismo técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

La autoridad manifestó que las acciones tomadas se han realizado para dar cumplimiento a las reformas a ocho normas legales, relacionadas con la seguridad pública, defensa nacional, derecho penal, ejecución de penas y desarrollo integral de adolescentes infractores.

“Para la creación del ente rector de la política criminal se ha propuesto transformar el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de la Mujer, Derechos Humanos y Política Criminal”, dijo. Puntualizó que la nueva cartera de Estado asumirá todas las competencias y responsabilidades del anterior y contará con autonomía administrativa, operativa, técnica, administrativa y operativa.

Sobre la institucionalización del Sistema Nacional de Rehabilitación Social manifestó que “el proyecto de decreto se encuentra en fase de socialización con los Ministerios de Economía, Interior, Mujer y Derechos Humanos y la Secretaría Nacional de Planificación, quienes remitirán observaciones para la viabilidad del mismo.

“El proyecto comprende la creación del Ministerio de Rehabilitación Social, encargado de formular la política publica de rehabilitación y desarrollo social de los adolescentes infractores y, el Servicio Nacional de Administración de Centros de Privación de la Libertad, adscrito al ministerio y encargado de ejecutarla”, destacó.

Adicionalmente informó que se han emitido dos decretos para delimitar zonas de seguridad, uno referente a la frontera y otro a áreas reservadas de seguridad, focalizado en los lugares de operación de los grupos de delincuencia organizada, en razón de haber reconocido la persistencia de un conflicto armado interno.

Una vez concluida su intervención, los legisladores Xavier Jurado y Leonardo Berrezueta observaron la necesidad de conocer la planificación temporal para la ejecución exitosa de lo decretado y la posible duplicidad de funciones en el caso de las dos nuevas instituciones que se crearán alrededor de la rehabilitación social.