El escándalo del Caso Encuentro ha tomado un nuevo giro con la divulgación de chats por parte de la Fiscalía, que señalan la existencia de una trama de corrupción durante el gobierno de Guillermo Lasso, marcada por sobornos para asegurar puestos y contratos estatales.

Estas revelaciones emergen justo antes de la audiencia preparatoria de juicio programada para el 16 y 17 de mayo, que involucra a diez procesados, incluyendo a Hernán Luque, ex presidente de EMCO, detenido en Argentina en espera de extradición, y a Danilo Carrera, cuñado de Lasso, vinculado con Rubén Cherres, asociado a la mafia albanesa.

Los chats, etiquetados como “Conversación 1”, revelan diálogos grabados en 2022 entre varias personas, donde se critica la gestión de Lasso y se discuten repartos de cargos públicos y contratos estatales. Más revelador aún es el plan expuesto por el general Víctor Arauz, quien menciona una conversación con Rafael Correa, donde Arauz expresó su interés en ser candidato del correísmo. Según los chats, la condición era “poner en la cárcel” a varios opositores, incluyendo a María Paula Romo, ex ministra de Lasso.

Estos detalles dan luz a una trama política oscura, donde se discutían planes para encarcelar a figuras opositoras a Correa. La conversación apunta a manipulaciones de poder, con la posible intención de utilizar movimientos dentro de la cárcel para propósitos políticos.

El nombre de Iván Correa, secretario de la Administración Pública, también es mencionado como una figura clave en el entramado de corrupción, descrito como “el dueño del Gobierno” por los interlocutores de los chats.

El Caso Encuentro representa un escándalo de proporciones significativas, con múltiples actores políticos y empresariales implicados en un esquema de corrupción que afecta gravemente la integridad del sistema estatal. Las revelaciones continúan arrojando luz sobre prácticas ilegales en los más altos niveles del poder en Ecuador.