Más de un centenar de personas se preparan para una audiencia crucial este jueves, 18 de abril, en el Edificio de la Función Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, en un caso que ha levantado polémica y demandas de justicia.

Susana Quiñonez, una de las afectadas por la empresa abacalera “Furukawa”, compartió su historia como parte de las Warmis, un grupo de personas perjudicadas por las prácticas laborales de la empresa. Desde una edad temprana, Quiñonez trabajó en diversas funciones para Furukawa, al igual que su padre, quien también dedicó décadas de su vida al servicio de la empresa sin recibir una remuneración adecuada ni una jubilación justa.

Alejandra Zambrano, abogada del Comité de Solidaridad contra la esclavitud en las plantaciones de Furukawa C.A. del Ecuador, destacó las dificultades enfrentadas por los denunciantes desde que el caso salió a la luz en 2019, tras una denuncia pública de la Defensoría del Pueblo. Muchos de los denunciantes provienen de comunidades empobrecidas y han sufrido discriminación debido a su ascendencia afrodescendiente.

El caso ha generado una gran atención, con más de 300 personas involucradas en procesos constitucionales y más de 100 en la vía penal. Sin embargo, según datos de 2019 de la Secretaría de la Política, se estima que más de 1200 personas fueron afectadas por las prácticas inhumanas de Furukawa.

En el juicio penal, la empresa Furukawa, junto con tres de sus directivos y administradores, enfrenta cargos relacionados con la explotación laboral. Según Zambrano, si bien nadie discute las duras condiciones de vida y trabajo que enfrentaron los trabajadores durante más de medio siglo en la empresa, la disputa radica en determinar quién es responsable de estas condiciones.