El economista Andrés Arauz ha hecho hincapié en la preocupación sobre el uso del arbitraje internacional y sus implicaciones para Ecuador, en medio de la discusión sobre la consulta popular propuesta por el Gobierno de Daniel Noboa. Arauz informó que el Gobierno dio de baja un decreto de su antecesor, Guillermo Lasso, que sometía las compras públicas a arbitraje y mediación internacional, una decisión que, según el economista, refleja contradicciones en las políticas gubernamentales.

El economista destacó que el arbitraje internacional podría llevar a demandas millonarias contra el Estado ecuatoriano por parte de empresas transnacionales, como Chevron, que han llevado casos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a pesar de los daños ambientales generados por su actividad extractiva en el país.

“El arbitraje internacional es la privatización de la justicia porque solo las empresas pueden demandar al Estado, pero no al revés”, subrayó Arauz, señalando que estas empresas podrían demandar al Estado cuando vean afectadas sus ganancias por decisiones gubernamentales, como medidas fiscales contra la evasión o regulaciones ambientales.

El economista expresó su esperanza de que los ciudadanos voten informados sobre las preguntas de la consulta popular, especialmente en relación con el arbitraje internacional y el trabajo por horas. Sobre este último, Arauz advirtió que su implementación entre 2000 y 2008 no generó empleo y más bien precarizó el mercado laboral.

“Si la gente le dice NO a estas preguntas, sería una derrota para Daniel Noboa y un gran mensaje de que la ciudadanía está informada antes de votar”, enfatizó Arauz.