En el marco de una audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos, la Fiscalía solicitó medidas cautelares para los involucrados en el caso. En particular, se pidió prisión preventiva para la abogada Bibian Hernández, mientras que para Luis O. y Ericka C. se solicitó presentaciones periódicas y prohibición de salida del país.

Además, se pidió la aplicación de medidas cautelares para las dos personas jurídicas relacionadas con el caso, incluyendo la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas.

La audiencia se llevó a cabo en el Complejo Judicial Norte de Quito, luego de múltiples incidentes que habían retrasado el proceso desde el pasado 23 de febrero, fecha en que Hernández fue convocada por primera vez.

La investigación que lleva adelante la Fiscalía se inició a raíz de un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que apunta a una presunta red de lavado de activos liderada por Hernández, supuestamente integrada por dos personas naturales y dos personas jurídicas.

Según los hallazgos de la investigación, Hernández habría manejado un esquema de empresas que alcanzó hasta Miami, Estados Unidos, entre los años 2016 y 2023. Durante este periodo, se habrían movido alrededor de 22,4 millones de dólares en el sistema financiero, mientras que su declaración tributaria solo reporta ingresos por aproximadamente 4,4 millones de dólares.

La Fiscalía estima que existe un presunto lavado de activos por un monto de 18 millones de dólares, tomando en cuenta estas disparidades financieras y el patrimonio de la abogada.

El abogado defensor de Hernández, Alfonso Zambrano, señaló que su cliente es amiga de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y sugirió que el caso podría estar influenciado por esta relación. Se refirió al caso como “Amistad”.

El nombre de Hernández también ha surgido en chats relacionados con los Casos Metástasis y Purga, donde se le vincula con actividades ilícitas y personas involucradas en redes de crimen organizado y lavado de dinero.