La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social conoció y analizó las observaciones expuestas en el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Participación Ciudadana, en donde se incorporan textos sobre el proceso de audiencia pública, resoluciones de las audiencias públicas, convalidación de informe de veedurías ciudadanas y silla vacía.

Proceso de audiencia pública

La mesa legislativa precisó que la petición de audiencia pública, realizada por la ciudadanía, deberá ser respondida en el término máximo de diez días contados desde el ingreso de la solicitud, y se llevará a cabo en el plazo máximo de un mes contado desde la fecha de respuesta a la petición realizada.

La falta de respuesta a la petición de audiencia pública, en el término previsto; o la falta de realización de la audiencia dentro del plazo señalado, generará la responsabilidad administrativa. La ciudadanía podrá solicitar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que convoque a la audiencia por falta de atención de la autoridad a la que se le solicitó la misma.

Resoluciones de las audiencias públicas

La comisión reemplaza el artículo 75 de la Ley de Participación Ciudadana, en el que establece que la autoridad que realice la audiencia pública a petición de la ciudadanía deberá, el mismo día de la audiencia o hasta dentro del término de diez días hábiles de haberse celebrado dicha audiencia, pronunciarse por escrito y de forma motivada sobre la solicitud de información, la propuesta o queja presentada; o los resultados del debate realizado.

En caso de que la autoridad haya acogido favorablemente la propuesta o queja presentada; o los acuerdos aceptados producto del debate, deberá ejecutar dichas acciones aceptadas en el plazo máximo de seis meses.

Informe de Veedurías Ciudadanas

A continuación del artículo 87 de la ley vigente constará que los informes de las veedurías ciudadanas, aprobados por el Pleno del CPCCS, que establezcan conclusiones y recomendaciones que objeten la gestión financiera, administrativa, de obras públicas e ingeniería, y de medio ambiental de las entidades públicas auditadas, deberán ser remitidas a la Contraloría General del Estado.

La mesa legislativa, además, establece modificaciones en el mecanismo de la silla vacía en las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados, para que no existan requisitos y que las convocatorias se efectúen con al menos 72 horas de anticipación. En otro tema, se deroga el artículo enumerado cuarto, posterior al artículo 35 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

La comisión recibió a la legisladora Jahiren Noriega, quien explicó las observaciones propuestas para que sea efectivo el derecho a la participación ciudadana. Participaron en el análisis de los textos, las asambleístas Mónica Salazar y Lucía Posso, esta última, invitó a ser responsable en la aprobación de los textos, a fin de no entorpecer los procesos administrativos y legislativos de los gobiernos autónomos.

La sesión se suspendió hasta el martes a las 16h00, con el fin de preparar el documento para votación.