Durante una intensa sesión de fiscalización en la Asamblea Nacional, la legisladora Viviana Veloz, acompañada de asambleístas de la bancada del correísmo, reveló detalles intrigantes sobre la designación de jueces implicados en el caso Purga. Según Veloz, la mayoría de los jueces involucrados fueron nominados durante los períodos de Fausto Murillo, María del Carmen Maldonado y Wilman Terán, exmiembros del Consejo de la Judicatura.

Sin embargo, esta afirmación fue desafiada por Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, quien afirmó que los jueces en cuestión provienen del banco de elegibles del concurso de 2018, liderado por Gustavo Jalkh, exministro del correísmo. Esta revelación agitó el debate y cuestionó las acusaciones previas.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional ha estado llevando a cabo una serie de comparecencias desde el 13 de marzo para investigar el caso Purga, que implica a 12 individuos, incluidos varios jueces de la Corte Nacional del Guayas. La suspensión de siete jueces involucrados en el caso, anunciada dos días después de la reunión, marca un hito significativo en las acciones tomadas por el Consejo de la Judicatura.

Álvaro Román ha enfatizado la necesidad de revisar los procesos de nominación y evaluación de jueces y fiscales en los últimos cinco años, mientras que la fiscal Diana Salazar ha destacado la importancia de ajustar los procesos de fiscalización para abordar casos de corrupción evidente, como el caso Purga.

Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ha solicitado investigaciones exhaustivas sobre los patrimonios de los jueces, en colaboración con la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Además, Aguirre anunció planes para examinar detenidamente las irregularidades en la designación de jueces desde el Consejo de la Judicatura.

El caso Purga continúa siendo objeto de escrutinio tanto a nivel legislativo como administrativo, mientras se espera que nuevas revelaciones arrojen luz sobre las prácticas judiciales cuestionables y refuercen los mecanismos de control y transparencia en el sistema de justicia del país.