La Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra 11 procesados por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Nueve de ellos fueron aprehendidos durante once allanamientos ejecutados ayer por la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional en Quito, Santo Domingo y La Concordia.

En los inmuebles allanados se encontraron como evidencias: catorce terminales móviles, un arma de fuego, trece cartuchos, documentación relacionada con la presunta comisión del delito, entre otros.

En el marco de una investigación a cargo de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a través de vigilancias y seguimientos, filmaciones, grabaciones, tomas fotográficas, geolocalización y otras técnicas investigativas, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas se evidenciaron indicios del presunto cometimiento de la infracción penal.

Las conversaciones analizadas dieron cuenta de la existencia de una presunta estructura organizada conformada por servidores públicos (un comisario de La Concordia, un agente fiscal y cuatro servidores de la Agencia Nacional de Tránsito de Santo Domingo) y personas particulares para beneficiar a terceros con la gestión de trámites (licencias, renovaciones, homologaciones, entre otros) a cambio de la entrega de dinero, por lo que se procedió con los allanamientos.

En la audiencia de formulación de cargos –desarrollada ante un Juez Especializado en Corrupción y Crimen Organizado– la Fiscal del caso presentó como elementos de convicción: el parte integrado que contiene información relevante del expediente fiscal, con base en la pericia informática (sinopsis de la materialización de un teléfono celular).

Según información de los registros migratorios, dos de los procesados habrían salido del país en mayo de 2023 hacia Estados Unidos, por lo que la Fiscalía solicitó –de forma motivada– la prisión preventiva para ambos, lo que fue acogido por el Juez que conoció la causa, quien también ordenó que se oficie a la Interpol para la respectiva difusión roja.

Mientras que los otros nueve quedaron con medidas cautelares, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante Fiscalía.

Además, se dispuso, como medidas de carácter real para todos los procesados, la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias.

La instrucción fiscal durará noventa días