Alexander Barahona, en representación del Presidente del Consejo de la Judicatura, presentó ante la Comisión de Relaciones Internacionales los aportes y criterios al proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, mismo que, a su criterio, garantiza los derechos de los migrantes ecuatorianos.

Barahona se refirió a las prestaciones de servicios de los migrantes ecuatorianos que se propone en el proyecto de ley, a través de la vía telemática. Comentó que es necesario especificar si el servicio propuesto es gratuito y que de ser así “hay que considerar el presupuesto económico que implicarían estos servicios”. También se refirió a la posibilidad de otorgar carnés de discapacidad a través del sistema de telemedicina. Al respecto, indicó que no existe claridad sobre el trámite para su obtención y cuestionó si una entrevista telemática es suficiente para que los migrantes ecuatorianos accedan a un carné de discapacidad válido para el exterior. Por ello, solicitó la aclaración respectiva para evitar confusión en la norma.

En el tema de mediación, sugirió que el Consejo de la Judicatura ejerza control de la gestión de los mediadores ecuatorianos y que para el efecto se incluya una transitoria que obligue a llevar un registro oficial de mediadores en el exterior, con la finalidad de facilitar el apoyo jurídico desde el Ecuador, para solucionar eventuales conflictos.

A su criterio, un nudo crítico del proyecto se refiere la posibilidad que menores de 16 años puedan realizar negocios jurídicos en el exterior, de una cuantía menor a 10 mil dólares, sin intervención de sus representantes. Al respecto, Barahona mostró su preocupación, por cuanto no existen parámetros de control que frenen posibles intervenciones de terceros con intenciones de utilizar la condición de los menores para delinquir, ya que no son sujetos de procesos penales, en el exterior, por su edad.

Por otro lado, resaltó que el proyecto mire a las personas en movilidad como potenciales dinamizadores de la economía del país, y no como riesgos, “como lo ven las entidades crediticias”. “Apoyar y dar flexibilidad a los migrantes retornados es invertir en ellos, en el futuro de sus derechos y en el desarrollo económico en general”, dijo.

Por su lado, la asambleísta, Carla Cruz, se refirió al estado de las personas en movilidad que se encuentran en las fronteras. Pidió al funcionario capacitar a los jueces y servidores judiciales para que atiendan las necesidades nuestros migrantes que no tienen el apoyo suficiente del Consejo de la Judicatura”. Preguntó si existen programas y planes de acción desde esta institución del Estado hacia los migrantes. Barahona respondió que existen las primeras atenciones que se dan en las embajadas y consulados, pero que se compromete a organizar capacitaciones junto a la Defensoría Pública, para brindar una mejor atención a los grupos en condición de movilidad humana.

Con estas participaciones se cerró la sesión N.° 028 de la Comisión de Relaciones Internacionales, en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Movilidad Humana, que unifica varias iniciativas, a fin de entregar una ley que garantice los derechos de los migrantes ecuatorianos.