La Comisión de Desarrollo Económico convocó a la sesión N.º 021 para continuar el tratamiento del proyecto de Ley para el Fortalecimiento de Actividades Turísticas y Fomento de Empleo, de iniciativa del presidente de la Repúbica, Daniel Noboa. En esta ocasión, convocó a representantes del sector de la transportación.

Valentina Centeno, presidenta de la comisión, dijo que era importante la convocatoria al gremio de transportistas para que aporte con su experiencia y visión de país. “Tenemos toda la apertura para incluir aquellas propuestas que sean positivas para que esta ley alcance su objetivo”, recalcó.

Abel Gómez y Miguel Bonilla gerente y pesidente de Fenacotip, respectivamente, presentaron sus aportes que se centraron en el capítulo 8 del proyecto que se refiere a la transportación. Gómez manifestó que la normativa se repite puesto que ya se encuentra en la Ley de Transito y Seguridad Vial. Dijo que es necesario diferenciar el transporte público del comercial y que es preocupante la intención de entrega de cupos sin estudios técnicos.

Pidió que el capítulo 8 sea analizado a profundidad con la Agencia Nacional de Tránsito porque “ya hay un reglamento para el transporte turístico público”.

Abel Alvarado informó que hay 426 operadoras entre cooperativas y compañías de transporte público de pasajeros. Recalcó que las confrontaciones que se presentan entre modalidades de transporte son causadas por factores económicos y de inseguridad.

Advirtió que se evidencia duplicidad con la normativa específica y que la propuesta motiva a la existencia de otros transportistas para prestar servicio turístico. “Estamos seguros que el gremio de transporte turístico se opone a una nueva modalidad”, recalcó. Mostró su malestar con la propuesta de incrementar una octava modalidad de transporte turístico, cuando las 7 existentes están debidamente normadas.

“Tenemos toda la infraestructura para poder servir. Contamos con buses, minibuses, camionetas, microbuses, taxis, es decir, toda la infraestructura del parque automotor”, insistió. Con estas argumentaciones sugirió el archivo del capítulo 8 del proyecto, basándose en los principios de igualdad, seguridad y accesibilidad.

Los argumentos manifestados, fueron corroborados por el presidente de la Cámara de Transporte Turístico Regional, Luis Díaz; el representante de la Asociación de Transporte Turístico del Ecuador, David Carrasco; y, por Fernando Fernández, asesor jurídico de la Federación Nacional de Transporte Turístico, quienes se opusieron a la propuesta del guía conductor por considerarse un peligro al conducir y cumplir la función de guía turístico.

El asambleísta Blasco Luna opinó que no se debe dejar carta abierta para posicionar sectores que tendrían facilidad de legalizarse, en perjuicio de las modalidades de transporte existentes. A esta posición se unió Abel Lara, mostrando su desacuerdo con una “competencia desleal”.

Pedro Velasco, por su lado, indicó que “la comisión nunca beneficiaría a un solo sector. Aquí tienen cabida todos y a todos vamos a escuchar y valorar”. Se refirió al artículo 57 que habla de todas las modalidades de transporte y explicó que esta propuesta pretende promocionar actividades económicas y laborales. Recordó que la FENACOTIP es un gremio que se dedica a otro tipo de transporte público, interprovincial, intercantonal, y que si existen propuestas con la debida conformación, legalmente constituidas para prestar servicios netamente turísticos, tienen derecho a participar en la prestación de esos servicios.

El asambleísta Ramiro Vela opinó que no es prudente incrementar más transporte, en este caso turístico, cuando las vías están saturadas del mismo. “Hay que evitar accidentes. La seguridad vial es vital”, insistió.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Valentina Centeno recalcó que este proyecto busca crear empleo y que el sector turístico genera mayores ingresos no petroleros e inyecta 2 mil millones de dólares anuales a la economía ecuatoriana.

Puntualizó que el transporte turístico es distinto al transporte público. En otros países, manifestó, tienen una legislación diferente, por lo que es necesario ir armonizando la legislación, para el fortalecimiento de ambos sectores del transporte.

En otro ámbito, la comisión escuchó al prefecto de Imbabura, Richard Calderón, acompañado de la asambleísta, Pamela Aguirre.

Su intervención se enfocó en la propuesta de tener una ley de fomento turístico que permita fortalecer las actividades turísticas rurales, comunitarias, de aventura y de turismo deportivo.

Al recordar que en 2018 la UNESCO declaró Geoparque a Imbabura por ser un complejo volcánico, solicitó asistencia técnica y financiamiento para generar competitividad.

Por otro lado, propuso una reforma al artículo 93 de la Ley de Mineria, sobre regalías. “Un 40 % va a proyectos del Gobierno Nacional y el 60 % debe invertirse en las zonas donde se realiza la explotación minera”, sostuvo.