El Pleno de la Asamblea tramitó en primer debate el proyecto de Ley para la Promoción y Fortalecimiento de las Organizaciones de Trabajadores del Sector Público y Privado, con sustento en el informe remitido por la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que busca disminuir el tiempo que conlleva la firma de los contratos colectivos y actas transaccionales.

El legislador ponente Jaime Guevara recordó los antecedentes del tratamiento del proyecto de ley, respecto a los derechos de aproximadamente 77 mil trabajadores relacionados con el tema.

El objetivo es garantizar los derechos de los trabajadores y sus derechos colectivos, al amparo de los Convenio 87 y 98 firmados y reconocidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), relacionados con la Libertad Sindical y la Contratación Colectiva, eliminando la exigencia de un dictamen de favorabilidad por el ente rector de las finanzas públicas, para la suscripción de los contratos colectivos o de las actas transaccionales.

Además, se establece que los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, y sus empresas públicas, incluidos los compromisos económicos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales con sus trabajadores, se sujetarán a sus propios planes, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y sin menoscabo de sus competencias y autonomías.

Entre las disposiciones, se añade que en 90 días se deberá efectuar las reformas a todos los acuerdos o instructivos para viabilizar la celebración o pago de contratos colectivos o actas transaccionales.

En el debate, el legislador Rafael Dávila reflexionó sobre el objetivo de la contratación colectiva que persigue un equilibrio, especialmente en el sector privado; sin embargo, en el sector público no hay un patrono que busca el lucro. Recordó que el informe de pertinencia del Ministerio de Finanzas es acertado, caso contrario podría existir un “interés personal” de los trabajadores del sector público.

Luzmila Abad recordó la realidad de los trabajadores de los gobiernos autónomos descentralizados, por lo que requieren seguridad y respaldo, en el desarrollo de las actividades. Entre tanto, la legisladora María Teresa Pasquel informó que el proyecto no fue analizado en la comisión, porque fue tramitado en la anterior mesa legislativa. Fue partícipe de la regulación de las organizaciones, pero también le han informado que existen dirigentes sindicales que se encuentran 22 años como tales.

Tras el debate de la iniciativa normativa, la legisladora Viviana Veloz, en ejercicio de la Presidencia, dispuso que el proyecto se reenvíe a la Comisión del Derecho al Trabajo y a la Seguridad Social para la continuación del trámite.