Las autoridades electorales de Venezuela, encabezadas por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, anunciaron el martes que las elecciones presidenciales tendrán lugar el próximo 28 de julio. La decisión fue aprobada por unanimidad tras la evaluación de propuestas entregadas por el Legislativo, que abarcaban hasta 27 fechas distintas entre mediados de abril y principios de diciembre.

El anuncio se produce después de que la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, entregara un documento a la autoridad electoral sobre las condiciones de las próximas elecciones presidenciales, en las que se espera que el presidente Nicolás Maduro busque la reelección. Sin embargo, la principal candidata de oposición, María Corina Machado, permanece inhabilitada para ejercer cargos públicos.

Machado, ganadora de las primarias de la oposición en octubre pasado, se enfrenta a una inhabilitación de 15 años impuesta por Amoroso, anterior titular de la Contraloría General de Venezuela. La Contraloría acusó a Machado de participar en una trama de corrupción orquestada por el líder opositor Juan Guaidó, aunque no se presentaron pruebas. La inhabilitación fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia en enero, pero Machado ha desafiado la decisión y continúa sus recorridos por el país.

Las candidaturas podrán presentarse entre el 21 y 25 de marzo, según Amoroso, y la campaña se llevará a cabo desde el 4 al 25 de julio. Los nuevos votantes deben registrarse entre el 18 de marzo y el 16 de abril para participar en las elecciones.

Aunque la Asamblea Nacional planteó hasta 27 fechas distintas para la convocatoria electoral, la decisión final permite a la administración de Maduro cumplir con el acuerdo suscrito con la Plataforma Unitaria en octubre, que contemplaba elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la propuesta no busca sustituir al CNE en la toma de decisiones.

Entre las garantías electorales incluidas en la propuesta legislativa destaca “la igualdad en la participación en los medios y redes sociales” para todos los partidos, independientemente de su tamaño. Sin embargo, los críticos del gobierno señalan que aún no se han tomado medidas concretas para garantizar elecciones transparentes y justas.

La inhabilitación política en Venezuela ha sido una pena accesoria aplicada a candidatos de la oposición, según denuncias de críticos del gobierno. Misiones internacionales de observadores han señalado irregularidades que afectan la igualdad de condiciones en los procesos electorales, como la inhabilitación de candidatos, el uso de recursos estatales en campañas y el acceso desigual a los medios de comunicación.