La incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales en Venezuela persiste, a pesar del acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición para celebrar dichas elecciones en 2024. El proceso electoral sigue en una situación ambigua, sin una fecha definida ni condiciones claras. Mientras el tiempo avanza, el régimen chavista continúa su ofensiva contra la disidencia, cerrando espacios democráticos e inhabilitando a candidatos, consciente de que enfrentar las urnas resultaría en una derrota previsible.

La atención internacional se centra en Venezuela, sumida en una incertidumbre política exacerbada tras la confirmación de la inhabilitación política por 15 años de la candidata opositora María Corina Machado. A esto se suma la detención arbitraria de parte de su equipo de campaña y la desaparición forzosa de la activista por los derechos humanos Rocío San Miguel.

Vente Venezuela, la agrupación política liderada por María Corina Machado, considera que estas detenciones son parte de un “patrón sistemático de violaciones de derechos humanos” perpetrado por el régimen contra líderes políticos, activistas y miembros de la sociedad civil que valientemente alzan la voz por la ciudadanía.

En este contexto, las elecciones presidenciales programadas para 2024 se presentan como una oportunidad para buscar una salida democrática a la crisis, pero también como un desafío para el chavismo en cuanto a garantizar la participación, transparencia y legitimidad del proceso. Sin embargo, el escenario político de Maduro no sugiere que elecciones libres y con garantías sean una prioridad.

En su informe anual, Human Rights Watch (HRW) alertó que las elecciones perderán legitimidad si no se rehabilita a María Corina Machado. “La inhabilitación de Machado ejemplifica el uso del sistema judicial por parte del gobierno de Maduro para perseguir a sus adversarios políticos”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

Las dudas sobre la legalidad y transparencia de los comicios persisten, siendo la última esperanza del pueblo venezolano para liberarse del prolongado mandato de Maduro, que comenzó tras la muerte de Hugo Chávez en 2013.

Aunque las presiones internacionales podrían contribuir a garantizar elecciones libres, los venezolanos aún desconocen dónde y cuándo votarán en este trascendental proceso electoral. Desde las negociaciones en Barbados en octubre pasado, con la participación de la Unión Europea como observador, los avances han sido escasos.

En respuesta a las advertencias de sanciones por parte de Estados Unidos ante la exclusión de María Corina Machado, el representante del régimen, Jorge Rodríguez, desestimó tales amenazas con expresiones despectivas. Recientemente, el Parlamento convocado por el oficialismo ha iniciado consultas para establecer un calendario electoral, aunque los detalles de las propuestas y negociaciones se mantienen en total hermetismo.