La Fiscalía General del Estado vinculó a dos personas a la instrucción fiscal por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada. Hasta el momento, diez personas son procesadas en esta causa.

Luego de analizar los elementos presentados en la audiencia, el Juez Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado que conoció la causa acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para Karen Leonor C. O. y Éricka Tatiana F. M., a quienes se vinculó como presuntas autoras directas de la infracción penal.

Además, se dispuso la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas que las involucradas mantengan en el sistema financiero nacional por un monto de cuarenta salarios básicos unificados, con la finalidad de garantizar el pago de una posible multa, en caso de que sean halladas culpables del delito. También se ordenó la prohibición temporal de transferir o vender inversiones y acciones.

La instrucción fiscal de esta causa se extenderá por treinta días más.

Fiscalía señaló que la investigación inició en enero de 2023, luego de que se conociera –a través de un parte policial– sobre una presunta red de corrupción hecha pública por un medio de comunicación digital. Luego de obtenidos los elementos de convicción suficientes, se determinó que existiría una estructura criminal con personas que se habrían organizado para cometer delitos contra la eficiencia de la administración pública.

Fiscalía explicó que las hoy procesadas habrían sido beneficiarias de varios contratos, entre 2021 y 2022, con la empresa pública CNEL, como personas naturales y a través de personas jurídicas y consorcios, simulando procesos de licitación ya que –según la investigación– se presentaban a los procesos empresas vinculadas y cuando una no ganaba, lo hacía en la siguiente contratación.

A través de los catorce nuevos elementos de convicción expuestos, este proceso era coordinado por otro de los procesados, Leonardo C., con el fin de obtener réditos económicos en beneficio del grupo.

Se reiteró que los presuntos líderes de la organización delictiva serían Danilo C. y el fallecido Rubén Ch. (+), quienes –junto con los otros integrantes de la presunta estructura– ejecutaban actividades para obtener beneficios económicos desde la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, valiéndose de su cercanía con figuras de la política nacional.

Los hoy procesados habrían establecido un acuerdo de voluntades para direccionamiento de contratos y el ingreso irregular de personas a cargos públicos en empresas públicas como CNEL, Aduanas del Ecuador y BanEcuador.

Información jurídica

El delito de delincuencia organizada está tipificado en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de siete a diez años.