El pleno de la Asamblea Nacional abordó el debate de un proyecto de ley salido de la comisión de justicia, por unanimidad, al estilo de los golpes de Estado, como un carnavalazo. Los delegados de los partidos en la comisión balbucean excusas en lugar de argumentos.

Aprobar incremento de penas y reducir privilegios a los presos era el envoltorio atractivo para esconder la consagración de la impunidad. Pretendían reducir el tiempo necesario para el archivo de los casos, dar acceso a la información reservada de la indagación previa y, sobretodo, establecer una nueva causal para la revisión de las sentencias ejecutoriadas. 

Los asambleístas pretendían pasar camufladas formas de consagrar la impunidad de políticos condenados y prófugos. Pueden haber creído que era una sutileza, que pasarían desapercibidas al econderlas entre 86 reformas. Simplemente se metieron a carteristas con manos de elefante.

Las reformas de leyes secundarias, de dudosa constitucionalidad, es un mecanismo muy usado, pero afecta a la democracia. El presidente del gobierno de España pactó con los separatistas e independentistas para darles impunidad a cambio de sus votos. Firmó el indulto para los presos y una ley  de amnistía para los golpistas, ladrones y terroristas. Redujo el tiempo de los procesos y se inventó un terrorismo leve y uno grave.

El presidente Sánchez ha topado con el rechazo de los jueces, la policía, los juristas, las asociaciones de fiscales, los partidos de oposición y la legislación europea. Sin embargo, el poder para cumplir esas promesas viene del control alcanzado en el Tribunal Constitucional, en la designación de fiscales y en la mayoría legislativa.

La comisión de justicia en nuestro país puede limpiar las reformas polémicas, puede insistir en sus pretensiones o puede jugar, de nuevo, con el veto del Ejecutivo. No se le puede dar valor a las proclamas de políticos que niegan lo que han pactado. El ciudadano no es ingenuo, no se dejará timar una vez más.