Los abogados Santiago Ochoa y Franklin Poveda acudieron a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, para informar sobre la vulneración de derechos que, a su criterio, se ha cometido en su contra, durante la postulación para la primera autoridad de la Defensoría Pública, convocada desde hace 3 años, aproximadamente.

Según la información obtenida por la comisión, la convocatoria No. 79 sigue vigente, pero su retardo se debe a 7 acciones de protección presentadas por los postulantes, las que no permiten avanzar con la selección, de acuerdo con lo manifestado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada de nombrar a la autoridad.

En su comparecencia, Franklin Poveda indicó que si bien es cierto ha presentado tres acciones de protección, estas no interfieren en la continuación del proceso, por cuanto ya hay sentencias a su favor, pero que ha sido el CPCCS, la entidad que no las cumple, y continúa insistiendo en que, como postulante, no ha presentado la debida documentación que certifica no mantener deudas con el IESS.

Poveda manifestó que no adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero la institución persiste en la vulneración de sus derechos.

Por su parte, Santiago Ochoa identificó 3 obstáculos que retienen el proceso de selección. El primero tiene que ver con la fase de méritos. En este punto, Ochoa reveló que la comisión ciudadana de selección ha cometido el error de entregar las carpetas de los aspirantes, a un solo integrante, cuando son 10 los veedores. A consideración suya, este es un problema de distribución que no facilita la correcta selección.

El segundo problema es el conflicto de intereses. Dijo que el artículo 232 de la Constitución los prohíbe, pero que existen comisionados designados por la misma institución que van a elegir a la autoridad. En este aspecto, recalcó que varios postulantes de la misma institución han obtenido privilegios en las calificaciones, causándose de esa manera, el conflicto de intereses.

El tercer problema identificado es el exceso de garantías constitucionales. Se refirió a las acciones de protección presentadas, lo que disminuye la agilidad para la selección de la autoridad.

Una vez culminadas las comparecencias, los legisladores ratificaron el compromiso de atender cada denuncia, sin bandera alguna, y apegados a los derechos que amparan a la ciudadanía sin distinción alguna, según las exposiciones de los asambleístas Jorge Chamba y Mariana Yumbay. El presidente de la comisión, Patricio Chávez manifestó que es fundamental recalcar que hay una estructura clara para la selección de autoridades del Estado.

Enfatizó que la mesa legislativa está llamada a convocar a comparecencias a los veedores de los concursos de méritos y oposición del CPCCS, “ya que ellos son los llamados a ejercer transparencia en estos procesos”.

Finalmente, añadió que la comisión es responsable de realizar el control respectivo e indicó que continuará el esclarecimiento de estas denuncias, con el fin de hacer cumplir la ley con transparencia y autonomía.