La eficacia del estado de excepción decretado en Ecuador, en respuesta a la amenaza del terrorismo, fue analizada por tres panelistas. El debate se centró en si el encierro prolongado es una medida adecuada para garantizar la seguridad ciudadana o si representa una respuesta excesiva a la situación actual del país.

María Brown, directora ejecutiva de la Fundación CRISFE y exministra de Educación, expresó su preocupación por el impacto del encierro en la economía y el bienestar emocional de la población, especialmente durante períodos festivos importantes como el carnaval. Se cuestionó si el encierro prolongado es proporcional a la amenaza real de terrorismo y si el país podría aprender de la experiencia de Colombia en enfrentar este tipo de desafíos.

En tanto, Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado y catedrático universitario, señaló la necesidad de una evaluación continua del riesgo terrorista y de medidas proporcionales para garantizar la seguridad ciudadana. Destacó la importancia de que el Estado recupere el control del país de manera efectiva y rápida para permitir el retorno a la normalidad.

En el mismo sentido, María Teresa Escobar, periodista y corresponsal colombiana especializada en temas económicos, de seguridad y corrupción, compartió la experiencia de Colombia en enfrentar amenazas terroristas y subrayó que el encierro prolongado no es una solución permanente. Es así como resaltó la importancia de que el Estado, respaldado por la sociedad civil, retome el control del país en el menor tiempo posible.

En conclusión, el panel coincidió en la necesidad de equilibrar la seguridad ciudadana con el funcionamiento normal de la sociedad y la economía, enfatizando que el encierro prolongado no puede ser una solución permanente y que se deben tomar medidas para recuperar la normalidad con prontitud.