Por Kurt Freund Ruf

En estos días hemos sido testigos de las discusiones que se llevan adelante sobre la reforma tributaria enviada con carácter de urgente por el presidente de la República a la Asamblea Nacional. Dentro de ellas está la discusión sobre el cierre del bloque petrolero ITT (Ishipingo, Tambococha, Tiputini) que al momento produce 55,000 barriles con potencial de más que duplicarse a corto plazo y representa más de 1200 millones anuales de flujo a la caja fiscal.

El país debe preguntarse cómo fue posible que un grupo de ambientalistas sandía ( verdes por fuera y rojos por dentro) útiles tontos y vivos de ONGs con apoyo de fondos extranjeros, y utilizando argumentos falsos como el dejar las emisiones de carbón bajo tierra, cuando se sigue importando vehículos de combustión y se necesita importar más combustible para movilizarlos acompañados de una pregunta mal hecha, maliciosa y tramposa y que debió ser sólo consulta a las comunidades locales; cuya respuesta fue un NO mayoritario comprendiendo que esta es su principal fuente de empleo, educación, salud y bienestar.

Consulto a mis lectores: ¿si conocen ustedes algún ecologista que haya renunciado a la utilización de su celular, vehículo, viajar en avión, ¿su computador el televisor el Internet? ¿la refrigeración o la cocina sea esta eléctrica o de gas? para alejarse del extractivismo, y reducir su huella de carbono y conservar el planeta. Pues esto es lo que nos han pedido que hagamos.

Sin el aporte del ITT se reducirá la producción nacional de petróleo y también sus exportaciones, cuyo valor será menor al de las importaciones de combustible. En otras palabras, el Ecuador dejara de ser país petrolero algo que ya sucede desde hace unos meses por disminución de la producción y falta de inversión en el sector. Ataques similares se producen en el sector minero, algo indispensable para a transición ecológica y energética.

El sector petrolero según datos del Banco Central en el año 2022 exportó 9715 millones de hidrocarburos e importo 7646 millones en derivados, dejando un saldo positivo de 2068 millones. Para el año 2023 exportó 7526 millones e importó 6823 millones con un saldo favorable de apenas 703 millones

A esto quitando 1200 millones de ETT e importando una cantidad igual de combustible necesario tenemos que agregar un déficit de mínimo 2400 millones más allá abultado déficit y retrasos existentes. ¡Tamaña imbecilidad!

Qué nos expliquen los ecologistas y Yasunidos y sus acólitos; ¿de dónde van a generarse los cerca de 80,000 puestos de trabajo que hoy existen, los 2400 millones de hueco que se producirá en la caja fiscal? ¿los 500 millones que necesitan en efectivo para el desmantelamiento en el plazo dado por la Corte Constitucional? ¿las demandas por contratos suspendidos? ¿la reducción de los ingresos a los GAD provinciales, municipales, parroquiales y fondos para la educación superior?

Hay que rechazar la inconsultas y desinformada propuesta de cierre del bloque 43 donde la mayor parte del área que lo integra esta fuera del parque Yasuni, cuya producción puede superar los 120,000 barriles por día en corto tiempo y mantener a un ECUADOR petrolero al menos por 20 años más. Debería poder el Ejecutivo redefinir los linderos del parque dejando por fuera las 300 ha. planificadas para el ITT e incorporar como compensación con creces 5000 a 10.000 ha. adyacentes en algún lado

Justamente el país se puede sentir orgulloso de ser líder mundial en buenas prácticas extractivas, utilizando tecnologías adecuadas, acompañadas de regulaciones ambientales necesarias para este tipo de actividades con los más elevados estándares; donde el ejemplo a seguir es el modelo Noruego que gracias a su actividad petrolera tiene el Fondo nacional de inversión más grande del mundo y públicamente ha manifestado a necesidad de proseguir con esta actividad dotándola de los recursos requeridos.

Su paralización no es conservación, todo lo contrario, representa agregar a la pobreza, a la desnutrición infantil, a la inseguridad y como a cereza del pastel la remoción de la barrera de protección contra la deforestación con un aliciente para expansión de la minería ilegal que ocurre actualmente en las provincias orientales y otras más de la geografía ecuatoriana.