Por Walter Spurrier Baquerizo

Los negocios, las ventas, van a moverse perezosamente este año y el crédito va a ser más caro y escaso. La razón: la estrechez fiscal de la que tratamos el domingo anterior, agravada por medidas punitivas contra la banca impulsadas por el correísmo.

El meollo es la gigantesca expansión del sector público durante el correato. El tamaño del Estado se duplicó del 20 % al 40 % de la economía durante esa década de excesos. En ese lapso nos elevaron los impuestos y endeudó al país hasta la coronilla, pero nunca alcanza. El gasto creció más rápido. Según una base de datos del BID, en 2006 pagamos impuestos por $ 4.692 millones, y había superávit fiscal. En 2021 pagamos $ 15.373 millones, más del triple, y a pesar de eso hubo déficit. Ayer (para usted lector, para mí mañana, porque estoy escribiendo viernes) la Asamblea votaba un informe de mayoría que nos eleva el IVA tres puntos, además de una serie de otros tributos y cargas aplicables a empresas. Pero aun así el déficit sigue imparable.

La solución de fondo es reducir el gasto corriente del sector público. Que no se puede porque el grueso son maestros, médicos y policías, se dice. Pero no. El grueso es lo que gastan esos ministerios. Una buena reorganización permitirá reducir gastos administrativos sin afectar los servicios. Además, tiene que ponerse coto a las prebendas excesivas. El sector público paga mayores remuneraciones que el sector privado. Esa es una tarea que el Ejecutivo y Legislativo en conjunto tienen que resolver.

Una segunda tarea es estimular la inversión: mientras mayor sea la economía, más llevadera la carga fiscal. Pero la maliciosa inconsulta popular obliga al Gobierno a desinvertir en la producción petrolera. O sea, gastar para dejar de recibir ingresos. A eso lo hemos llamado suicidio asistido. Hay que consultar nuevamente al pueblo, esta vez haciéndole ver claramente el pro y contra de la medida y para que vote en consciencia.

Tienen que cambiarse la legislación y la cultura de las empresas públicas para atraer inversión privada en petróleo y generación eléctrica y destaponar la inversión en minería, que está represada. La inversión en petróleo y minas dinamizaría la economía y generaría importantes rentas fiscales. La inversión eléctrica permitiría dejar atrás los apagones. Las mejores perspectivas estimularían a los ciudadanos a invertir en sus actividades y emprender en otros negocios, todo lo cual redundará en mayores ingresos fiscales.

Mientras tanto, el Estado busca urgentemente el reemplazo de la renta petrolera perdida y los créditos externos que ya no vienen, y se fija en los contribuyentes: se lleva nuestros ingresos para saciar su apetito. Les pide a las grandes empresas adelantar el pago de los impuestos de 2024 y a la banca que compre papeles del Estado; ambas cosas reducen

el crédito disponible para el público. A la banca le grava con el ISD el pago de los créditos que recibe del exterior para prestar a sus clientes, con lo que sube la tasa de interés, y ayer se discutía si se les gravaba retroactivamente con un impuesto confiscatorio las ganancias de 2022 y 2023 lo que reduciría su patrimonio. Una banca que no crece no puede dar más crédito.

Por lo que si usted lector no es una empresa triple A, asegúrese de que no necesitará un préstamo bancario este año.