Por Lolo Echeverría
Se ha reducido el número de muertes violentas en el país y no es el único efecto que ha tenido la declaratoria de guerra al terrorismo. Hay unidad nacional, mejora la imagen del país, hay apoyo internacional, ha mejorado la seguridad y se ha recuperado la esperanza.
Al declarar la guerra y considerar terroristas a los miembros de las bandas del crimen organizado, se transfirió a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de afrontar el problema de la violencia. Cabe presumir que el decreto 111 haya sido solicitud de los mandos militares que aceptaban de mal grado que se les utilice como simples refuerzos de la policía.
Al asumir los militares el control del orden en estado de guerra, se producen cambios sustanciales: se repliegan los narcotraficantes porque saben que ahora se juegan la vida y tiemblan sus amigos y cómplices porque pueden quedar a descubierto. Los ciudadanos no se sienten amenazados sino protegidos.
Otra consecuencia de la declaratoria de guerra es la unidad de los ecuatorianos, los disidentes políticos y sociales aparentan apoyo, se muestra con claridad el objetivo y se consolida la autoridad de quienes manejan la estrategia. La fuerza de la unidad es arrolladora.
La guerra contra el terrorismo es un tema internacional. Lo que ocurre en Ecuador interesa a todos los países afectados por el narcotráfico. Decenas de países apoyan esta operación porque no es comparable a la propuesta Bukele cargada de autoritarismo, sin respeto a las leyes y a los derechos humanos. La propuesta ecuatoriana se ampara en la legislación internacional.
No pretende liquidar el narcotráfico, la guerra es contra las bandas locales; los carteles de la producción y las redes de distribución en Estados Unidos y Europa, no están a nuestro alcance. Sin embargo, la victoria tendría una dimensión geopolítica, pero el fracaso nos dejaría en manos de las mafias. Si el gobierno o la oposición empiezan a buscar réditos políticos o electorales, ponen en riesgo la victoria.
