La constitucionalista Pamela Aguirre expresó su opinión sobre la reciente propuesta de consulta popular presentada por el presidente Daniel Noboa. Argumentó que, mediante esta, el presidente está ejerciendo presión sobre la Asamblea Nacional para que debata y apruebe los proyectos propuestos en un plazo de 60 días.

Afirma que los proyectos en cuestión incluyen reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Extinción de Dominio, y la creación de una nueva ley para regular la actividad de los casinos, en caso de que la consulta sea favorable.

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Según Aguirre, un proyecto de ley, por lo general, toma entre seis meses y un año en ser tramitado por la Asamblea Nacional, a menos que sea calificado como de carácter económico urgente. La preocupación de Aguirre radica en el plazo de 60 días propuesto en la consulta, que podría tener un efecto inesperado y no contemplado en el ordenamiento jurídico.

Ante ello, resaltó la importancia de que la Corte Constitucional aclare el significado y alcance del término “tramitar” en este contexto. Específicamente, si implica el debate en segundo debate y la emisión de un resultado, o simplemente la entrega y calificación del proyecto.

Aguirre subrayó que la falta de claridad en este aspecto podría llevar a interpretaciones diversas, incluso la aplicación del artículo 103 de la Constitución, que permitiría la aplicación directa de las propuestas en caso de no ser tratadas por la Asamblea en el plazo establecido.