Siete personas son procesadas por tráfico ilícito de armas de fuego. Cinco quedaron con prisión preventiva y dos adolescentes, de 17 años, en internamiento preventivo.
Para todos se inició una instrucción fiscal de treinta días.
Se instalaron dos audiencias simultáneas de calificación de flagrancia y formulación de cargos: una por los dos adolescentes en la Unidad Judicial de Familia Niñez y Adolescencia, y otra para los cinco adultos en la unidad Multicompetente Penal.
Los fiscales relataron que el Grupo de Fuerzas Especiales 53 Rayo, integrado por 40 militares, ejecutaba un operativo de minería ilegal –con base en información e inteligencia militar– en la Parroquia Nuevo Paraíso, en las orillas del Río Bibuno.
En este contexto –informaron los militares en sus versiones–, personas desconocidas abrieron fuego en su contra. Los disparos provenían de diferentes partes de la vegetación selvática. Entonces, los militares respondieron el ataque.
Después de varios minutos de fuego cruzado, neutralizaron a siete personas que se encontraban en un campamento improvisado. Al registrar el lugar, encontraron pistolas, fusiles, carabinas, municiones de varios calibres, alimentadoras y explosivos.
También, el cadáver –sin ropa– de un hombre y a su lado un arma de fuego, según indica el parte policial levantado con la información del jefe de grupo Rayo.
Como elementos de convicción, se expusieron las versiones de dos militares que participaron en el operativo y la aprehensión; de dos policías que concurrieron al lugar y recibieron a los aprehendidos: Rubén Darío H. G. y Jhadian A. C., ambos de 17 años; César Rodrigo G. V., Cenardo S. T., Jhonatan Stiven C. G., Dorani A. C. y Árlenson P. B.
Añadieron el informe de inspección ocular técnica y el de reconocimiento de evidencias, así como las certificaciones del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en las que se afirma que los procesados no tienen permiso para portar, custodiar, tener armas de fuego, sus partes, municiones y explosivos.
