El lunes 3 de junio, familiares de los presos recluidos en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil lograron ingresar 448 latas de atún y 12 de sardina para la alimentación de los casi 5,000 reclusos en esa cárcel. Esta medida se adoptó debido a la suspensión del servicio de comidas desde hace tres días en la Penitenciaría del Litoral y otras nueve prisiones de Guayas, donde hay un total de 12,669 reclusos.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) informó que estos alimentos fueron los únicos que el Servicio Nacional de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) permitió ingresar. No obstante, el SNAI no ha aclarado cómo se gestionará la recepción de más víveres, especialmente considerando que en la Penitenciaría del Litoral no hay posibilidad de preparar comida, según han denunciado los familiares de los presos.

El CDH y la Iglesia Católica planean donar más alimentos el martes 4 de junio, mientras que las madres de los privados de libertad también solicitan enviar medicinas. Ante la situación crítica, el CDH anunció que solicitará una medida cautelar ante la Justicia por la suspensión del servicio de alimentación.

“Las cárceles de Guayas se suman a los 20 centros penitenciarios de la zona norte del país que no cuentan con una empresa formal de servicios de alimentación. La mayoría ha tenido que sostenerse a base de donaciones de la Iglesia y de familiares de personas privadas de libertad”, señaló el organismo en un comunicado.

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El 2 de mayo de 2024, un juez de Quito dictó medidas cautelares a favor de las personas detenidas, pero hasta ahora el SNAI no ha ofrecido una solución a la falta de comida. La compañía Lafattoria S.A., que proveía los servicios de alimentación, explicó el domingo 2 de junio en un comunicado que había suspendido el servicio “debido a la falta de pagos, ya que el Estado ecuatoriano se ha negado a cancelar los valores pendientes, que alcanzan los 30 millones de dólares”.

“Esta deuda ha sido públicamente reconocida por las autoridades estatales”, aseguró la empresa, señalando que la suspensión del servicio también conlleva la desvinculación de más de 200 colaboradores. “La falta de pago ha generado que la empresa no pueda cancelar sus obligaciones a cientos de proveedores, quienes a su vez han debido suspender los despachos de materia prima”, añadió.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, justificó su decisión de prescindir de los servicios de Lafattoria S.A. alegando que esta empresa tendría vínculos con el crimen organizado, cuyas bandas han controlado las prisiones ecuatorianas en los últimos años. “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”, aseguró Noboa a principios de mayo, cuando Lafattoria S.A. ya había suspendido el servicio de alimentos en las cárceles del norte del país.

Según Noboa, los gobiernos anteriores “entregaron el Ecuador a estos delincuentes (empresas de provisión de servicios presuntamente ligadas a mafias criminales) por años, acostumbrándolos a otro tipo de política”.