En Manta y Guayaquil se socializaron proyectos sobre microtráfico y vivienda social

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La Comisión de Gobiernos Autónomos socializó en Manta y Guayaquil llos proyectos de Ley para la prevención y erradicación del microtráfico de drogas y el de Vivienda de Interés Social. A las reuniones acudieron representantes de entidades públicas y privadas, autoridades electas y de la academia.

El proyecto para la prevención del microtráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas se lo empezó a estudiar en la mesa. Después de escuchar las observaciones de varios legisladores y otros actores, la Comisión resolvió avanzar en el ámbito de la prevención y remitir a la Comisión de Justicia lo correspondiente a lo punitivo, en el marco de las reformas al Código Penal.

La propuesta es de iniciativa de José Serrano. El parlamentario explicó en las dos ciudades los participantes sostuvieron que el Estado debe adoptar medidas eficaces e inmediatas para prevenir y erradicar el microtráfico de drogas y dotar de herramientas para la intervención de la Autoridad Educativa Nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados.

Mencionó que la prevención en el uso y consumo de drogas es una tarea de todos. El desarrollo local es clave para dar una respuesta inmediata e integral, por parte de la ciudadanía y sus representantes locales. El proyecto de ley gira en torno a dos ejes: preventivo y punitivo.

Indicó que en lo preventivo se contempla adjudicar entre otras competencias a los gobiernos autonomos descentralizados (GAD) las siguientes: asignar al menos el 1 % de su presupuesto a programas de concienciación para la comunidad, en los que se aborden los efectos del consumo de drogas; al menos el 10 % de los espacios institucionales de comunicación radial, televisiva, digital o redes sociales de los GAD a la prevención y erradicación del consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

En lo punitivo, la persona que use o consuma estas sustancias en espacios públicos o en establecimientos y eventos de concurrencia masiva será sancionada con 60 días de trabajo comunitario y registro obligatorio en un programa de rehabilitación en establecimientos debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública.

De su lado, el parlamentario Diego García, autor del proyecto de Vivienda de Interés Social, subrayó que su propuesta se busca solucionar la falta de vivienda para los sectores de menores ingresos.

Precisó que una vivienda digna deberá garantizarse a través del acceso a varios servicios, cuya prestación es competencia de diferentes niveles de gobierno. Así lo relativo a salud, educación seguridad social, entre otros es del Gobierno Central, mientras que el transporte y la gestión ambiental es de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales; y, el deporte, cultura, agua potable de los gobiernos municipales.

 

 

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