Eliminan categorización de universidades

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Con 120 votos, la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley de Educación Superior (LOES). El debate tuvo como eje central el fortalecimiento del sistema educativo y la libre elección de los estudiantes de la carrera que quieran cursar, sobre la base de la oferta académica y el cumplimiento de requisitos.

La ponente del informe, Silvia Salgado, aceptó alrededor de 27 cambios propuestos por los legisladores, relacionados con diversos temas y precisiones para mejorar el texto de la ley.

La normativa señala que para ingresar a las universidades y escuelas politécnicas, el examen no será el único requisito que defina. Habrá otros criterios que suman, como los antecedentes académicos y la condición socioeconómica.

También se mejora la oferta educativa. Los institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores se considerarán como institutos Tecnológicos Universitarios. La formación en estos centros será de tercer nivel, en el área técnica y podrán crear especializaciones y maestrías.

Las instituciones de Educación Superior adjudicarán directamente becas a por lo menos el 10% de sus estudiantes regulares, así como el 6% de su presupuesto para sus profesores.

Los recursos económicos del Estado para las Instituciones de Educación Superior se garantizarán a través de un Fondo Permanente de Desarrollo y, cuando el presupuesto no se gaste en los plazos definidos, se acumulará.

Para garantizar una justa asignación de los recursos se considerarán indicadores como la docencia, investigación, vinculación y eficiencia administrativa y financiera.

La norma fortalece la autogestión. El dinero que obtengan de las actividades académicas y de propiedad intelectual podrá reinvertirse en beneficio de estas instituciones, mientras que el Sistema de Contratación Pública les otorgará ventajas para ofertar sus productos y servicios.

El proyecto de ley establece que en caso de que los programas y carreras no cumplan los estándares de calidad, se realizará una intervención parcial, evitando el cierre, y se elimina la categorización. Según Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Educación, el enfoque es que el sistema tenga categoría A.

Los docentes a tiempo completo tendrán un plazo de 5 años para titularse como Ph.D, mientras que para investigadores se prevé un régimen de contratación específico.

La participación de los estudiantes en las decisiones de las instituciones de Educación Superior será entre el 25% y el 35%. Asimismo, las autoridades académicas y estudiantiles participan con voz y voto en las decisiones de estos centros educativos.

La elección de las máximas autoridades se hará mediante listas y garantizando la alternabilidad, paridad de género e igualdad de oportunidades. La Ley establece la reactivación de la Universidad Intercultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas Amawtay Wasy como institución pública. (El Telégrafo)

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