Autoridades de Educación Superior plantean reformas a la LOES

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El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt); Augusto Barrera; el presidente del Consejo de Educación Superior (CES), Enrique Santos; y el presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), Gabriel Galarza, comparecieron este martes al pleno de la Asamblea Nacional para presentar sus propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

El titular de la Senescyt destacó que la LOES ha sido una ley fundamental, pero requiere ciertos ajustes “que han surgido de un trabajo intenso y meticuloso de todos los organismos rectores de la educación superior”.

Y dijo que hay dos temas fundamentales que forman parte de la reforma a la LOES: el fortalecimiento del proceso de admisión y de la oferta técnica y tecnológica. Sobre ello indicó que están conscientes de la necesidad de realizar una evaluación global al proceso de admisión, para incorporar criterios de libertad de elección, mérito estudiantil y fortaleciendo la oferta y la responsabilidad de las universidades.

Así también, dio a conocer la necesidad de establecer un subsistema de educación superior técnica y tecnológica, en la que a partir del fortalecimiento de los institutos existentes adquieran la condición de Institutos Superiores Tecnológicos Universitarios, en donde las carreras tendrán las mismas características de una de tercer nivel de la universidad.

Santos, manifestó, de su lado, que es indispensable que los estudiantes puedan formar parte del cogobierno en las instituciones de educación superior. Además enfatizó que se debe promover la paridad de género e igualdad de oportunidades, para ello se propone que las elecciones para las autoridades deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género e igualdad de oportunidades.

Propuestas

Entre las principales propuestas a la LOES se propone aclarar las funciones y competencias de los tres órganos rectores (CES, Ceaaces y Senescyt), así como la necesidad de coordinación y articulación entre los actores del sistema.

Sobre la autonomía responsable se propone que a mayor calidad, mayor autonomía. Es decir, mantenerla como principio del sistema de educación superior, al tiempo de incorporar la calidad e inclusión como criterios determinantes para fortalecerlo.

Respecto a la ausencia de posibilidades de formación en posgrados tecnológicos, la propuesta es incluir dentro del cuatro nivel de formación el título profesional de especialista tecnológico y el grado académico de maestría tecnológica, que podrán ser otorgados tanto por los institutos superiores universitarios como por universidades y escuelas politécnicas.

En lo relacionado a la legislación laboral vigente que subvalora profesiones técnicas y tecnológicas y su remuneración, se propone que una vez que la LOES acoja las reformas señaladas, se realicen reformas de leyes y reglamentos laborales, para el sector público y privado, de manera que el tercer y cuarto nivel técnico y tecnológico sea considerado y remunerado en forma equivalente al grado universitario profesional.

Sobre el régimen de control actual de las instituciones de educación superior, se plantea la creación de un régimen especial de control. Para el efecto, la Contraloría en coordinación con Senescyt generará un régimen especial reglamentario para las acciones de control sobre las instituciones de educación superior.

Para promover la paridad de género e igualdad de oportunidades se plantea que la elección de rector o rectora, vicerrectores o vicerrectoras, y de los representantes de los distintos estamentos ante los órganos de cogobierno, se realizará a través de listas que deberán ser integradas respetando la alternancia, la paridad de género, igualdad de oportunidades y equidad conforme a la Constitución.

Se propone también reformar el artículo 86, para mantener la Unidad de Bienestar Universitario, encargada de promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, psicológica y sexual de la comunidad universitaria, y brindar asistencia obligatoria a quienes demanden por violaciones de estos derechos.

Respecto a las sanciones a las autoridades académicas, se plantea la amonestación, sanción económica o suspensión de hasta 180 días sin remuneración, a las autoridades de las instituciones que violen o atenten contra los derechos y disposiciones establecidos en la Ley, su reglamento y más normativa que rige al sistema de educación superior. (Quito/Andes)

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