Organizaciones sociales registran 81 femicidios en Ecuador desde enero hasta el 4 de octubre

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En casa de Carmen hay un pequeño altar poblado de fotografías de Brigith Tituaña, la menor de sus cuatro hijos. Aunque está cansada, revisa que todo esté en orden y acaricia una de las imágenes.

"Mi niña, bendícenos para continuar con esta lucha", dice. Entonces, un pequeño de 5 años irrumpe y dice: "¡Justicia para Brigith!" y corre hacia su cuarto. Han pasado cinco meses desde que la joven, de 22 años, fue asesinada el 7 de abril del 2020 y su esposo y padre de sus hijos, Wilmer Q., es procesado por el femicidio. Hoy, su familia lucha para que el caso no quede en la impunidad.

Carmen dice que no sabía que su hija vivía en un círculo de violencia. A sus 22 años, Brigith era no solo el sostén económico de su hogar, sino que era el apoyo familiar, la alegría de casa, la sonrisa que los unía.

El 7 de abril último, cuando en Quito regía el semáforo rojo y el toque de queda se iniciaba a las 14:00 por el covid-19, Brigith fue reportada como desaparecida por su madre, luego de que su pareja les avisara que "no aparecía" e incluso se unió a la búsqueda.

Dos días después, Wilmer Q. le confesó a Carmen y a un agente policial que había asesinado a su hija. El hombre la asfixió con el brazo, esperó hasta la madrugada y abandonó el cuerpo en el río San Pedro, en el cantón Rumiñahui, a 50 metros del pequeño departamento en el que vivían. Sus restos fueron hallados con lesiones y huellas de violencia en su cuerpo el 9 de abril.

El femicidio de Brigith es uno de los 81 registrados por la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios -que convoca a organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres- desde el 1 de enero hasta el 4 de octubre del 2020.

La investigación, además, da cuenta de que 62 fueron documentados desde que se decretó la emergencia sanitaria por el covid-19 en el país, el 16 de marzo último.

El femicidio es un delito que no fue tipificado hasta el 14 agosto del 2014, cuando el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia. Desde ese año, 813 mujeres han sido asesinadas por la violencia machista en el país.

Pero, además, esa figura legal ha sido cuestionada. Las organizaciones y colectivos feministas en Ecuador posicionan el término "feminicidio" que se aplica en otras naciones como México. El concepto implica un reclamo ante la falta de acción del Estado y lo responsabiliza por su inoperancia en un contexto cultural de violencia de género.

El 6 de abril, un día antes de que Brigith fuera asesinada, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, habló de una pandemia que vivía en la sombra: la violencia contra las mujeres. Ella decía que el encierro, una medida para evitar la propagación del covid-19, tenía un peligro mortal.

Las víctimas de violencia de género intentaban sobrevivir en medio de un confinamiento que las obligó a permanecer con su agresor las 24 horas del día, durante los siete días de la semana.

Ser mujer en tiempos de covid-19 en el mundo era, entonces, encontrarse desprotegida, vulnerada, lejos de los entornos seguros y el acceso a protección.

En Ecuador, el panorama es alarmante: cada 72 horas una mujer, niña o adolescente es víctima de la violencia femicida en el Ecuador. En el 72% de los casos, los agresores eran parte círculo de familiar de las víctimas, exparejas o parejas, como ocurrió con Brigith.

El 56% de víctimas, en cambio, eran madres y, según información recabada por la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios, 85 menores hoy se encuentran en situación de orfandad.

El balance de la Alianza es un reflejo de que, aún en medio de un estallido de la lucha feminista en el país y la región, la violencia contra las mujeres no cesa, sino que va en ascenso. Las dos ciudades que registran el mayor número de crímenes es Guayas con 22 femicidios y Pichincha con 13.

¿Qué dicen las cifras oficiales?

Son 427 femicidios los que registra la Fiscalía de Ecuador desde agosto del 2014 hasta el 4 de octubre del 2020; 50 documentados en lo que va del año. La cifra de la Alianza, sin embargo, reporta 31 femicidios más que la data oficial.

Geraldine Guerra, vocera de la Red Nacional de Casas de Acogida y miembro de la Alianza, dice que la diferencia entre los balances se debe a una "traba burocrática" del Estado porque "tiene otros criterios de registro que nosotros no compartimos. De hecho, nos hemos 'sentado en la mesa' para que pueden revisarlos". Y lo ejemplifica: "Para nosotras si una mujer y su hija han sido asesinadas son dos vidas arrebatadas. El sistema, en cambio, lo cuenta como uno. Cuando hay una violación con resultado de muerte lo tipifican de esa forma, no se llama femicidio, aunque sí lo es. El Estado cifra a los que se judicializan como tal, pero es importante saber que un femicidio no se judicializa así desde el principio".

El trabajo de la Alianza es duro, se acerca a diario a la violencia y permite tener una visión más amplia de lo que viven las mujeres en el país. Geraldine cuenta que, para consolidar el mapa, una labor que se realiza desde el 2017, se activa una red territorial a escala nacional.

Mensajes vía WhatsApp, chats con organizaciones de mujeres, medios de comunicación locales y datos de Fiscalía son sus principales fuentes de registro.

Desde la mirada de Geraldine, una de las grandes falencias del Estado es que no cumple con el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes Violentas por razones de género. "No se hace, no hay nadie que haga seguimiento. Toda muerte violenta de una mujer debería iniciar su indagación previa como femicidio", afirma.

Su llamado es claro: "Queremos que el Estado amplíe sus criterios de registro y así poder consolidar una sola cifra, sabiendo que las víctimas no son números, sino vidas arrebatadas".
Pero, además, dice Geraldine, es esencial una voluntad del Gobierno central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados que se concreten en políticas públicas, presupuestos y proyectos que tengan alcance nacional.

Casas de Acogida, una opción de contención y abrigo

Las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres no han pausado sus actividades durante la pandemia y lo hacen desde la autogestión. Pero se necesitan manos.

Las casas de acogida para sobrevivientes de la violencia han realizado un trabajo titánico para sostenerse porque su servicio es integral. Geraldine cuenta que las mujeres no llegan solas, a veces lo hacen con sus niños para alejarlos de la violencia.

No solo se trata del acompañamiento psicológico, sino que implica, por ejemplo, la alimentación (cinco comidas diarias), la compra de insumos sanitarios tanto para las víctimas como para el personal de las casas, los servicios de salud, el transporte, la sanitización de los espacios, entre otros. Hoy, dice, lo que hace falta con mayor prioridad son computadoras para los niños y adolescentes que se encuentran allí y que necesitan acceder a la educación telemática.

La Red Nacional abarca a nueve casas de acogida en Quito, Manabí, Tulcán, Lago agrio, El Coca, Tena, Guayaquil, Cotopaxi y Cuenca. Si necesita contactarse con los centros, puede hacerlo al correo: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

No está sola. Si es víctima de violencia de género, puede acceder a los siguientes contactos:

  • Puede llamar a 1 800 DELITO (1 800 225486), opción 4. También puede contactarse al 911 o descargar la App911 y pulsar la imagen de violencia intrafamiliar.
  • Organización Surkuna: 0999 928 032
  • Fundación Casa Refugio Matilde: 0996 697 723/ 0987 796 688/ (02) 2627 591/ (02) 2625 316
  • Casa de la Mujer: 0987 684 280
  • Warmi Pichincha: 0987 427 448
  • Organización Diálogo Diverso: 0999 889 801
  • Fundación Nina Warmi: 0998 216 687
  • Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer: 0988 382 526/ 0992 685 614
  • Resurgir: Fundación Contra la Violencia de Género 0981 739 497
  • Fundación Alas de Colibrí: 0995 952 466

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