Doce mujeres buscan dos Defensorías y Fiscalía

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La designación de las nuevas autoridades para la Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo y Fiscalía General es clave para la transición judicial que vive el país.

Ese es el principal criterio de juristas, académicos y políticos consultados por EL TELÉGRAFO, quienes también se lamentaron por la poca participación de mujeres en estos procesos de selección.

De los 61 candidatos inscritos para esas tres entidades, 12 son mujeres. Es decir el 19 por ciento. “Lo anecdótico es que hay mujeres preparadas para asumir estos retos”, expresó la actual concejala de Quito, Daniela Chacón.

Ella sostuvo que una de las causas para el bajo número de candidatas pudo ser que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T) no hizo un proceso más amplio de socialización.

Aunque desde el Consejo Transitorio dicen que eso es falso y que ahora todos tienen oportunidad de participar para cargos públicos.

Según el Consejo, para la Defensoría del Pueblo están Narcisa Fernández, María Hernández, Gladys Potes, Zaida Rovira y Vilma Torres. En cambio, María Castro, María Eugenia Díaz y Gina Gómez de la Torre están en la lista de los 19 inscritos para la Defensoría Pública.

De esa nómina sobresale Gómez de la Torre, quien se desempeñó como fiscal de la Comisión de la Verdad. La jurista sacó a la luz casos de lesa humanidad, especialmente de la época de León Febres-Cordero y puso a las órdenes de la justicia al narcotraficante Óscar Caranqui.

El constitucionalista Juan Francisco Guerrero asegura que en ambas listas existen aspirantes que se destacaron por su lucha a favor de los derechos humanos.

Él afirma que la designación de autoridades para los entes de control no debe basarse en el género sino en los méritos y capacidades. “El pensar que debe existir una distribución equitativa para los cargos puede generar distorsión en el concurso”, manifiesta Guerrero.

Para María Paz Jervis, decana de Jurisprudencia de la Universidad SEK, más allá del género lo importante es elegir a funcionarios con capacidades de gestión institucional.

Detalló que el nuevo funcionario debe ajustarse al proceso de reinstitucionalización que vive el Estado. “La idea es que en el futuro sean las instituciones las que hablen y no las personas”, recalca Jervis.

Las candidatas para la Fiscalía

Hasta el momento hay inscritos 29 postulantes para ser el nuevo fiscal del país.

De ese número, cuatro son mujeres: Julieta Ulloa, expresidente de la Corte Provincial de Pichincha, y Diana Salazar, directora de la Unidad de Análisis Económico y Financiero (UAFE), quien pidió una licencia sin sueldo, el pasado viernes, para participar en el concurso. También se destaca Ruth Palacios, actual fiscal general encargada y la jurista María Elena Bayas.

El constitucionalista Guerrero cree que el nuevo fiscal debe ser transparente, objetivo y “que no obedezca a intereses oscuros ni esté inmerso en corrupción”.

Pero otros juristas, como Felipe Rodríguez, sostienen que la nueva autoridad debe ser penalista, buen ser humano, sin odios y honesto. “Ellas han demostrado que están a la altura para trabajar en beneficio del país y sin intereses políticos”, resaltó.

En la lista total de candidatos a la Fiscalía están Merck Benavides y Jorge Blum. El primero es juez de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia, mientras que el segundo fue magistrado hasta 2017 en la Sala Penal de esta institución.

La nueva autoridad, que según el CPCCST estaría designada en febrero, debe resolver, al menos, 900 denuncias de corrupción que ingresaron en 2018 a la Fiscalía.

De ellas, solo el Gobierno Nacional presentó más de 500 en contra de la administración de Rafael Correa. Asimismo, la Fiscalía a inicios del 2018 informó que 156 casos emblemáticos reposan en su poder. (El Telégrafo)

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