Sin una denuncia juramentada no se puede destituir a Ana Galarza

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El Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL) consolidó un precedente para indagar a los asambleístas. El único camino para abrir un proceso es una denuncia notarizada en su contra.

Así lo dispone la Ley de la Función Legislativa, recordó la asambleísta del movimiento Acción Regional por la Equidad, Verónica Arias, integrante del CAL. Ella indicó que el proceso de destitución debe arrancar con la presentación de una denuncia juramentada al CAL.

La misma interpretación la tiene Patricio Donoso, de CREO, otro miembro del Consejo de la Legislatura. Justamente eso ocurrió con las exasambleístas Sofía Espín, de Revolución Ciudadana, y Norma Vallejo, de Alianza PAIS, separadas de sus cargos. Pero contra Ana Galarza, CREO, hasta este lunes 7 de enero no existían denuncias.

Eso es lo que espera CREO. Según el coordinador del bloque, Homero Castanier, no se oponen a que se investigue a Galarza por supuestamente pedir dinero a miembros de su despacho.

Eso lo hizo público Lenín Rodríguez, quien fue asistente de la legisladora. Para este martes 8 de enero se prevé que él cuente su versión a la Fiscalía.

Galarza negó las palabras del exfuncionario y dijo que todo es parte de un complot donde participan los legisladores del correísmo.

La bancada de la Revolución Ciudadana aclaró que no toma una decisión. Su coordinador, Cristóbal Lloret, negó que su compañera, Marcela Aguiñaga, tenga una demanda preparada y sostuvo que recién este martes 8 de enero la bancada conocerá el caso para tomar una decisión.

Desde otros sectores políticos insisten en la necesidad de indagar las denuncias. Por ejemplo, el legislador Fredy Alarcón, de Sociedad Patriótica, reiteró que deben aclararse los casos presentados en contra de los asambleístas.

Este martes 8 de enero está previsto que el pleno decida el pedido de la Corte de Justicia para levantar la inmunidad a la exvicepresidente, María Alejandra Vicuña, y a la exlegisladora Vallejo.

Varios asambleístas anticiparon que viabilizarán el pedido judicial. (El Telégrafo)

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