Expreso de Guayaquil

Pugna por la lucha anticorrupción

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La lucha contra la corrupción enfrenta al Ejecutivo con el Legislativo. Cada uno defiende su accionar en este tema, pero los resultados siguen siendo cuestionados por varios sectores de la sociedad, sobre todo en lo que tiene que ver con la recuperación de los dineros ‘mal habidos’.

Las discrepancias llegaron a su límite tras la cadena nacional del jueves, en la que el presidente de la República, Lenín Moreno, cuestionó que la Legislatura no trate la Ley Anticorrupción que presentó hace tres meses en la Asamblea.

A sus ojos, si la ley estuviera aprobada serviría para que no queden en la impunidad actos de corrupción como los denunciados últimamente sobre los cinco proyectos emblemáticos del anterior gobierno, que le ocasionaron al país un perjuicio de $ 2.500 millones.

“Señoras y señores asambleístas. Si la Ley Anticorrupción que enviamos hace tres meses a la Asamblea Nacional, y que ni siquiera tiene informe para primer debate, ya se hubiera aprobado, el país tendría las mejores herramientas probadas en el mundo para que, por ejemplo, esos 317 exfuncionarios con indicios de responsabilidad penal no caminen impunes por nuestras calles. O que al menos una parte del sobreprecio en estos cinco proyectos sea devuelta al pueblo ecuatoriano, su legítimo propietario”, dijo Moreno.

El secretario de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán, fue más allá. En los medios de comunicación de Quito puso en duda el trabajo de la Comisión de Justicia y, sobre todo, de la presidenta del organismo legislativo, la asambleísta Marcela Aguiñaga, de la bancada correísta.

“La Asamblea tiene desde hace más de tres meses un proyecto de lucha contra la corrupción que nos permitirá saber quiénes son los testaferros, quién fue a depositar la plata, dónde encaletaron la plata, dónde están los billetes. Está en las manos de Marcela Aguiñaga”, declaró.

“Para mí, políticamente es increíble que Marcela Aguiñaga maneje una ley anticorrupción. Ese tema está parado. Poner a un correísta a tratar una ley anticorrupción es como ponerme a mí a hacer una manifestación antitaurina”, continuó.

La respuesta desde la Asamblea no se hizo esperar. En un comunicado oficial, la Legislatura le recuerda al Ejecutivo que en agosto aprobaron la Ley Orgánica de Lucha Contra la Corrupción, y en septiembre el presidente la vetó totalmente aduciendo que tiene visos de inconstitucionalidad.

Aseguran que la normativa proponía importantes avances, como la posibilidad de formular cargos por peculado o enriquecimiento ilícito sin la necesidad del informe previo de la Contraloría. Así mismo, el decomiso anticipado de bienes de personas procesadas por delitos de peculado, testaferrismo y enriquecimiento ilícito sin una sentencia condenatoria.

“Es impresentable para el país que se haya vetado esta ley, simplemente por afanes politiqueros, no por otra causa”, sostuvo Marcela Aguiñaga durante el primer debate de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Justamente acerca de este último tema, la Asamblea tiene previsto insistir en la propuesta del comiso de bienes, pero ahora por medio de las reformas al COIP.

“Es hora de que el discurso de lucha contra la corrupción sea real, sea en acciones claras, no en discursos demagógicos que normalmente suelen venir de ciertos espacios de actores políticos”, acotó la presidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea.

Explicó que la comisión decidió tomar, una vez más, el cambio a la figura penal del comiso, “que fue vetada irresponsablemente por el Ejecutivo”.

La asambleísta indicó que se está estableciendo el comiso sin condena, el comiso de terceros y el comiso ampliado.

Aseguró que esta será la manera eficaz de “quitar” la propiedad de bienes que han sido producto de actos ilícitos como la corrupción y que no es posible recuperar porque constan a nombres de testaferros, o porque la persona procesada no comparece a juicio, o porque está prófuga de la justicia.

“Políticamente es increíble que Marcela Aguiñaga maneje una ley anticorrupción. Ese tema está parado, (por) poner a un correísta a tratar una ley anticorrupción”. (Expreso)

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