Expreso de Guayaquil

Un Estado bajo sospecha

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Las incesantes revelaciones sobre las malas prácticas en el país en la última década, pero también en el periodo actual, han ido desgastando la imagen de las instituciones ecuatorianas. Expreso publicaba en marzo, en base a una encuesta de Click Report, que la Asamblea Nacional era la entidad más desprestigiada. La desconfianza ciudadana ascendía entonces al 76,4 %. Le seguían el Consejo Nacional Electoral, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General, con una desaprobación por encima del 65 %.

Desde aquella encuesta, poco han variado las estadísticas sobre credibilidad institucional. La encuestadora Perfiles de Opinión consultó a mediados de agosto y extrajo, con un sistema de medición diferente, conclusiones similares: la Corte Nacional, la Asamblea y el CNE siguen a la cola, tras los partidos políticos.

No sorprenden esos resultados, teniendo en cuenta que las entidades han ido abonando el terreno de la desconfianza con los casos que se han ido destapando semana a semana o los cuestionamientos recibidos por la escasa eficacia de su gestión a la hora de atender los problemas que atenazan al país.

Esta semana, junto a la investigación por delincuencia organizada al expresidente Rafael Correa, los “diezmos” de la Asamblea Nacional han añadido otra crítica más a la cosecha del Legislativo, que ya venía recibiendo reproches por su rol de fiscalización. También el Consejo de la Judicatura, depurado recientemente, ha vuelto a verse envuelto en sospechas propias de épocas pasadas. Estos casos, en definitiva, han dejado la sospecha de que haya malas prácticas de la última década que no se han corregido en los últimos 16 meses.

Viejas prácticas en el Legislativo

Tras un año sin agenda, consumida por la consulta popular y la destitución del primer presidente de esta legislatura, José Serrano, la Asamblea Nacional no ha dejado de recibir reproches por su actividad fiscalizadora. Los juicios políticos o no han llegado o lo han hecho tarde.

En el caso del exvicepresidente, Jorge Glas, la iniciativa quedó en el limbo jurídico, tras dos intentos. Las censuras a Gustavo Jalkh, Carlos Ochoa, Carlos Pólit o al exsuperintendente de Bancos, Christian Cruz, pasaron el trámite cuando ya no tenían ningún efecto: Pólit se había fugado y los demás fueron fulminados por el Consejo de Participación. Otros, simplemente, nunca se completaron: el exministro de Finanzas Carlos de la Torre, la excanciller María Fernanda Espinosa y el exprocurador Diego García.

Además, a los tropiezos y rectificaciones en la elaboración de leyes económicas y anticorrupción, en las últimas dos semana se ha añadido la trama de los “diezmos”. Las denuncias de una práctica que, inicialmente fue reducida a chisme, destapan una brecha que nadie quería reconocer: que las prácticas corruptas de anteriores periodos se han replicado al actual, pese a la cacareada etapa de transición hacia la transparencia. La próxima semana, la Asamblea tendrá la ocasión de confirmar la sospecha o sellar las críticas, dependiendo de cómo aborde de nuevo el asunto.

Peleas internas en el Consejo de la Judicatura

La depuración de autoridades en el Consejo de la Judicatura, tras la salida de Gustavo Jalkh y cuatro consejeros, cesados por el Consejo de Participación Ciudadana despejó el horizonte en la institución. Las denuncias, las quejas y las decisiones arbitrarias habían empañado al órgano rector de los jueces desde el régimen de Rafael Correa, señalados por interferir en la Administración de Justicia. El caso Chevron y el reciente laudo en contra de Ecuador ratificaron la semana pasada los artificios para controlar las decisiones judiciales, en consonancia con el interés del Ejecutivo.

El nombramiento de un nuevo Consejo de la Judicatura, no obstante, no le dejó exento de pugnas internas, como la protagonizada entre Juan Vizueta, Juan Pablo Albán y Aquiles Rigail. Tampoco, a juzgar por lo acontecido, se borraron las suspicacias sobre, precisamente, los mismos puntos del periodo anterior.

El pasado acecha al presente de los órganos de control

Del impoluto expediente a la fábrica de informes. La Contraloría General del Estado cambió de manos y de ritmo. La atropellada llegada de Pablo Celi, tras la renuncia en plena fuga del excontralor Carlos Pólit, se reflejó en la ingente cantidad de documentos e irregularidades reveladas en las instituciones públicas.

Pero la sombra de duda, heredada del control superficial de la última década, no se apartó totalmente de las instituciones de control. La desconfianza hacia la titularidad de Carlos Baca Mancheno al frente de la Fiscalía pesó incluso cuando se avanzaba en la tramitación del caso Odebrecht. Hasta el final. Su destitución, fruto de una maniobra contra Pólit y José Serrano mal calculada, despejó el camino de la nueva autoridad.

De la misma manera, la renuncia antes de una destitución anunciada del procurador Diego García Carrión abrió el paso para el nuevo titular de la Procuraduría.

CNE vs. Consejo de Participación

Como una espiral que se retroalimenta, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social entraron en un bucle de interdependencia que no termina de resolverse. Los miembros habilitados por la consulta popular depuraron a los consejeros electorales, pero ahora, la elegibilidad del futuro y definitivo CPCCS está en manos del visto bueno del CNE a los requisitos de idoneidad. Lejos queda, eso sí, la sombra de la controvertida disputa electoral, resuelta por Juan Pablo Pozo.

Sombras en las fuerzas de seguridad

La crisis en la frontera despertó la desconfianza sobre la competencia de las autoridades de Defensa e Interior en gestionar dos secuestros y los ataques del narcoterrorismo. El nombramiento de nuevos ministros solo contentó en el área militar, ahora salpicada por una voluminosa incautación de droga en la base aérea de Manta, pero prosiguieron las dudas en Interior. Hasta la salida de Mauro Toscanini. Ahora, el desafío es recomponer la imagen de unos cuerpos de seguridad que se han mostrado permeables a la influencia del narcotráfico.

Una economía que intoxica

Una falta de recursos acuciante, un sobreendeudamiento asfixiante y la dificultad de acceder a los mercados en condiciones favorables para la economía ecuatoriana estrecharon las opciones de gestión de las autoridades económicas. El cambio de tres ministros en menos de un año erosionó al Gobierno que llevaba el mismo tiempo reclamando por la herencia de despilfarro.

El aspecto económico, con un escueto plan de ajuste del gasto, será el mayor dilema para el Ejecutivo hasta que termine la legislatura. (Expreso)

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