El Universo de Guayaquil

El proyecto de Ley Anticorrupción incentiva delación en sector público

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Más que endurecer el castigo para quienes incurren en actos de corrupción, perjudicando al Estado, el proyecto de Ley Orgánica Anticorrupción y Protección del Denunciante incentiva la delación a cambio de algunos beneficios.

El proyecto fue enviado a la Asamblea Nacional el jueves pasado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el mismo día en que vetó totalmente el Proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción aprobado por la Función Legislativa.

Los beneficios están dirigidos a quienes habiendo participado en supuestos delitos que perjudicaron al Estado están dispuestos a proporcionar información; y para quienes, sin haberse constituido en autores, cómplices y encubridores de infracciones, están decididos a delatar a los corruptos.

En este último grupo figuran los ciudadanos comunes y los servidores públicos, quienes, según el artículo 2 de la iniciativa de Moreno, podrían ser ‘premiados’ hasta con el 20% de los recursos económicos que el Estado recupere si proporcionan información verídica y comprobable “que contribuya en la investigación, localización y recuperación de activos obtenidos de manera ilegal...”.

Otros beneficios están contemplados con base en reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y al Código Orgánico General de Procesos (Cogep).

Por ejemplo, se propone reformar el artículo 4 de la Losep para que los servidores públicos, al convertirse en informantes, puedan pedir un traslado a otro puesto de trabajo o una licencia con remuneración. Se plantea, además, un reconocimiento público y protección.

Para el jurista Julio César Cueva, el que la propuesta de Moreno no endurezca las penas para los corruptos no le quita valor, “porque lo que se necesitaba era una norma que incentive al denunciante...”.

Sostiene que la eficacia de las denuncias debe radicar en el anonimato, o “como ocurre en otros países, que puedan dar su testimonio con el rostro cubierto, de tal forma que se evite saber quién es...”. Cueva cuestiona el reconocimiento público porque podría poner en riesgo la vida del denunciante. “Estamos hablando de mafias”.

Al asambleísta Luis Fernando Torres, de la alianza Tiempo de Cambio-PSC y miembro de la Comisión de Justicia, le parece interesante el proyecto de Moreno, pero no lo considera un mecanismo de lucha contra la corrupción.

“Es una vía, pero hasta que se denuncie definitivamente va a pasar buen tiempo; el proyecto es interesante, pero incompleto...”, dice el legislador, quien lamentó que Moreno haya vetado el proyecto anticorrupción de la Asamblea, que proponía, por ejemplo, el comiso anticipado de bienes. “Con ese veto total se equivocó, el presidente es un hombre bien intencionado, pero le aconsejaron equivocadamente...”.

Marcela Aguiñaga, asambleísta afín al expresidente Rafael Correa y presidenta de la Comisión de Justicia, considera que la propuesta del Ejecutivo podría convertirse en un instrumento de chantaje o extorsión “al puro estilo de los ‘cazarrecompensas’ del viejo oeste, ya que crearía un marco normativo para que las personas atribuyan delitos a otros sin que necesariamente tengan que fundamentar su acusación”.

Torres y Aguiñaga coinciden en intentar rescatar algunos de los temas objetados e incorporarlos en la nueva propuesta. “No hay otra alternativa, vamos a apoyar este proyecto y ojalá podamos enriquecerlo en la Asamblea Nacional....”, dice él.

El pasado miércoles, Moreno habló de permitir, por única vez, que quienes hayan incurrido en sobornos no reciban sanción si denuncian a los funcionarios que se beneficiaron, pero en el proyecto de ley no aparece esta propuesta.

A través de reformas al COIP, se propone que quienes hayan incurrido en delitos contra las arcas del Estado, mediante la cooperación eficaz, pueden beneficiarse de la suspensión condicional de la pena. (El Universo)

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