La Hora de Quito

Nuevas investigaciones por el caso 30-S están en proceso

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Las dudas alrededor de lo que ocurrió el 30 de septiembre de 2010 (30-S) y las denuncias de que evidencias fueron manipuladas llevaron a que la Comisión Nacional Anticorrupción presente ayer una denuncia al fiscal general, Paúl Pérez.

El objetivo: que se investigue nuevamente los hechos de la revuelta policial que dejó 10 fallecidos, 127 heridos y 92 militares perseguidos, más otros “500 que sufrieron la persecución durante el régimen del expresidente Rafael Correa”, señalo ayer Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión.

El Gobierno de Correa abrió varias investigaciones sobre el 30-S. Una fue realizada por la comisión que creó el exmandatario en 2010 y que un año después concluyó que ese día se había producido “un intento de golpe de Estado blando concurrente con una estrategia de desestabilización regional”.

Sin embargo, ese informe ha sido objetado e inclusive la Contraloría inició a finales de agosto una investigación sobre el trabajo de esa comisión, así como de los denominados festejos entre 2011 y 2016, y las glosas a policías y militares absueltos.

Otra investigación surgió por la denuncia presentada por el exmandatario por el delito de magnicidio, por el que se condenó a seis policías a 12 años de prisión. Estas condenas fueron cuestionadas y varios uniformados ya recibieron su prelibertad.

Por esto, la Comisión Anticorrupción cree que es necesario que la Fiscalía investigue las responsabilidades penales, no solo de Correa, sino también de los oficiales de las Fuerzas Armadas que participaron ese día.

Además, considera que este será un elemento que podrá ser usado cuando se acuda a instancias internacionales. “La entrega de la documentación forma parte de aquel proceso en el cual habrá que ir nutriendo para ir a las instancias jurídicas internacionales que nos permitan llegar al juzgamiento de Correa por crímenes de lesa humanidad provocados a partir del 30-S”, explicó Germán Rodas, miembro de la Comisión.

¿Qué pasó?
El pedido de la Comisión no es la única arista dentro de nuevas investigaciones sobre la revuelta policial. Dentro del caso por el presunto delito de ejecución extrajudicial en contra del teniente coronel Wilson E. y el mayor Vicente N. por la muerte del policía Froilán Jiménez, el próximo miércoles se hará la reconstrucción de los hechos.

Para esto, el abogado de la familia Jiménez espera que el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, cumpla con lo solicitado por la Fiscalía de que ese día estén presentes los seis oficiales del Grupo Especial de Operaciones (GEO) del Ejército y los 56 voluntarios.

Además, pide que “se transparente el caso del 30-S”, porque dice que hay “trabas e impedimentos” para que se envíe la documentación que reposa en los archivos del Fuerte Patria, donde antier se hizo una pericia ocular técnica de los fusiles que se utilizaron durante el operativo denominado ‘Rescate’.

Además, ayer por la mañana, se realizó una pericia de identidad morfológica. Los cuatro oficiales que rindieron versión antes de la audiencia de formulación de cargos acudieron a Criminalística, en Quito, para proporcionar sus rasgos morfológicos. Estos serán cotejados con los videos de ese día y, según Romero, se evidenciará que participaron en la operación.

“A más que ellos han reconocido libre y voluntariamente que sí estuvieron, indudablemente a los cinco días subsiguientes saldrá la pericia que dirá que efectivamente son las personas que salen en los videos”, agregó Romero.

Fuente: La Hora

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