Dos privados de la libertad revelaron cómo se plagió a Balda

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La orden que recibieron los secuestradores fue que entregaran a Fernando Balda “sin un solo rasguño”. Debían sedarlo, llevarlo en un auto y entregarlo en un punto de Bogotá.

Estos detalles los obtuvo la Fiscalía de Colombia, luego de que Jhonathan Uzuriaga y Karim Shek decidieran cooperar con la justicia de ese país.

Otros cuatro detenidos por este secuestro también aceptaron su participación en el delito, pero no entregaron detalles.

En su versión, Uzuriaga dijo ser amigo de Shek desde la infancia y que él le contactó para “un trabajo que consistía en secuestrar a una persona”.

La víctima supuestamente era “alguien sin importancia”, que se dedicaba a arreglar computadoras y que el plagio era para que se responsabilizara por el embarazo de una joven que había dejado abandonada en el Ecuador.

Por ese “trabajo”, Shek ofreció pagar 10 millones de pesos, que al cambio de ese entonces (1 800 pesos) significaba USD 5 555. Pero Uzuriaga pidió 30 millones de pesos, unos USD 16 666. Así llegaron al acuerdo.

Estos datos ahora están en poder de la Fiscalía ecuatoriana, pues Bogotá los remitió a través de una asistencia penal.

Durante las investigaciones, Shek dijo haber sido contactado por un policía ecuatoriano y que él le pidió realizar el “trabajo”. Como en Bogotá no tenía colaboradores movilizó a personas de confianza desde Puerto Tejada, en Cali.

Para hacerlo, el agente ecuatoriano proporcionó los pasajes de avión.

También contó que este policía le entregó dinero para hospedar a las personas que participarían en la operación delictiva y para que compraran ropa de marca, pues “debían estar bien presentados para cenar en un restaurante muy lujoso”.

Shek además detalló que el agente siempre estuvo acompañado por una mujer.

Cuando Uzuriaga habló en la Fiscalía, confesó que además recibieron dinero para comprar celulares y mantenerse comunicados durante y después de perpetrar el secuestro.

Finalmente, el delito se perpetró el 13 de agosto del 2012 y Shek solo pagó 10 millones de pesos a los autores. En sus declaraciones, Uzuriaga dijo que todos aceptaron el valor.

Tras el plagio, uno de los implicados fue capturado en Bogotá, al siguiente día del hecho.

En Ecuador, la denuncia se interpuso en el 2013 y en el 2018 comenzaron las primeras diligencias. Tres policías de Inteligencia fueron detenidos por su presunta participación.

Dentro de las pruebas que constan en el expediente se encuentran movimientos migratorios de los procesados, que indican que estuvieron en Bogotá en la fecha del secuestro.

Además existen dos cheques del Banco del Pacífico girados desde la Dirección General de Inteligencia de la Policía (DGI) a favor de uno de los agentes detenidos. El primero con fecha 6 de junio del 2012 por un monto de USD 10 000 y el segundo el 8 de junio por USD 11 280. Según la Fiscalía, este dinero fue usado para pagar parte de la operación ilegal.

En la versión que rindió Carlos Aguirre, jefe financiero de la DGI, el 13 de marzo del 2018, indicó que la Secretaría de Inteligencia (Senain) les asignaba recursos que debían ser depositados en la cuenta corriente de un banco privado y que así se entregaba el dinero a los agentes procesados.

Cuando la fiscal le consultó sobre el procedimiento que se realizaba en el 2012 para pagar, Aguirres dijo: “El agente que solicitaba los recursos presentaba al señor director o su delegado el trabajo que se iba a realizar… y mediante memorando autorizaban la entrega de recursos solicitados y se emitía el cheque correspondiente”.

Fausto Tamayo, director de Inteligencia de ese entonces, rindió su versión libre y voluntaria el 16 de marzo y cuando la fiscal le mostró las copias de los cheques señaló: “Debo manifestar que como estos cheques en mi período como Director General de Inteligencia se deben haber girado muchísimos más a diferentes oficiales”. Y recalcó que “jamás se autorizaron operaciones que no hayan sido las que la Ley, la ética y la moral nos obligaban”.

El debate en la Asamblea

Los simpatizantes del expresidente Rafael Correa convocaron a sus bases a manifestarse frente a la Asamblea la tarde del jueves, 14 de junio. El objetivo es rechazar una posible decisión del Legislativo de permitir la vinculación del exmandatario al proceso penal del caso Balda.

María Mercedes Cuesta, de Fuerza Ecuador, señaló que se busca crear conmoción.

Las declaraciones las dio el miércoles tras la votación del Pleno en la que no se logró adelantar el debate sobre el pedido de la jueza Daniela Camacho, para que la Asamblea autorice el enjuiciamiento penal.

La jueza argumentó, en un escrito enviado el martes a la Asamblea, que busca este pronunciamiento “a fin de que posteriormente no se alegue la falta de algún requisito de procedibilidad”. En esa solicitud, cita al artículo 120 de la Constitución.

La normativa establece que se necesita el aval de las dos terceras partes del Legislativo para el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente, cuando la autoridad competente lo solicite fundamentadamente. No señala que se deba cumplir este requisito en caso de exmandatarios.

El miércoles se intentó que la Asamblea se pronunciara. Los legisladores correístas y la mayoría de morenistas votaron en contra del cambio del orden del día que realizó el legislador independiente Fernando Burbano. La solicitud alcanzó 69 votos afirmativos de 121 parlamentarios presentes.

Burbano planteó una moción para que se declare la improcedencia de la solicitud de la magistrada Camacho. En la votación se evidenció la fractura que existe al interior de Alianza País.

Del bloque de 44 morenistas, 10 votaron por la solicitud. Ellos son: Karina Arteaga, María José Carrión. Además, Ana Belén Ruiz (alterna de Michel Doumet), César Litardo, Ana Belén Marín, Daniel Mendoza, Sonia Palacios, Carlos Ortega, Juan Carlos Yar, y la presidenta Elizabeth Cabezas. (El Comercio)

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