El Comercio de Quito

La Supercom gastó USD 61,7 millones desde octubre 2013

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La Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom) tuvo un crecimiento acelerado tanto en personal como en gasto desde su creación, en octubre del 2013.

La entidad arrancó sus funciones con 21 servidores y casi cinco años después, el número creció casi 15 veces, a 309.

La mayoría de los funcionarios que laboran en la institución tiene nombramiento definitivo (170) y la nómina se completa con 119 contratos ocasionales y 20 indefinidos.

El Gobierno no ha aclarado qué pasará con estos trabajadores tras el cierre, planteado por el Ejecutivo, en el proyecto de reforma a la Ley de Comunicación (LOC), que se enviará a la Asamblea el viernes 18.

La entidad de control registra gastos devengados, es decir, comprometidos a ser pagados por USD 61,7 millones, desde 2013 hasta abril del 2018.

El valor más alto fue del 2014, con USD 18,4 millones, según los registros del Ministerio de Finanzas.

Las acciones más polémicas de la Superintendencia empezaron en enero del 2014, seis meses después de la aprobación de la LOC y tres meses después de que la institución empezara a operar.

La Supercom sancionó a Diario El Universo por una caricatura de Xavier Bonilla ‘Bonil’, sobre el allanamiento de la casa de Fernando Villavicencio. El caso se inició tres días después de que el expresidente Rafael Correa criticara la publicación, en un enlace.

Esa fue la primera de las 429 multas que la Supercom impuso hasta el 2017 y que le significaron una recaudación total de USD 830 076.

A estas multas se sumaron otras 717 sanciones, de las cuales el 60% fueron económicas. Este fue el resultado de su monitoreo diario a los medios de comunicación, que hasta fines del 2017 sumó 889.

Tras el anuncio del presidente Lenín Moreno, sobre el envío del paquete de reformas a la LOC, los legisladores empezaron a alistar el escenario para tramitar esa iniciativa.

La primera incógnita que surge en la Asamblea Nacional es a cuál Comisión se asignará el análisis de la propuesta.

Esta norma se creó en el período pasado del Legislativo (2013-2017). Ahí se conformó una mesa ocasional para armar el articulado y los proyectos de reformas fueron a Justicia, cuya mayoría era oficialista.

La presidenta de esa Comisión, Marcela Aguiñaga, de la facción correísta, solicitó al Consejo de Administración Legislativa (CAL) que agrupe todos los proyectos de reformas, incluido el del Jefe de Estado, para enviarlo a una comisión. Señaló que Justicia está abierta a recibir las iniciativas.

Actualmente hay 10 proyectos en trámite. Los últimos cuatro son de iniciativa opositora -se presentaron en este período- y también proponen la supresión de la Supercom.

Uno de estos ya fue calificado y está en la Comisión de Derechos Colectivos, que dirige el oficialista Jorge Corozo. La decisión final será del CAL.

La bancada correísta está de acuerdo en mantener la Ley. Aunque reconocen la necesidad de modificarla, sobre todo, en las multas que aplica la Supercom y la forma en que lleva los procesos. “La autoridad no puede ser juez y parte al mismo tiempo”, dijo Aguiñaga.

Jorge Yunda, de AP y quien mantiene un programa de radio, criticó el accionar de la Superintendencia al multar a medios de forma “discrecional”. Los socialcristianos, por su lado, no creen que modificar la ley sea suficiente, porque en la Constitución se mantiene a la comunicación como un servicio público, tras la aprobación de una enmienda en el 2015. Este bloque planteará un proceso de reforma constitucional.
Además de la eliminación de la Supercom, varios sectores siguen haciendo pedidos de cambios en la norma.

La Coordinadora de Medios Comunitarios (Corape), la Conaie y varias agrupaciones académicas presentaron ayer una propuesta ante el Consejo transitorio. Su presidente, Julio César Trujillo, se comprometió a entregarla a la Asamblea para que se incluya.

Esta iniciativa plantea la eliminación de figuras como el linchamiento mediático, así como mejorar el fomento para los medios de comunidades.


Fuente: El Comercio

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