El Comercio de Quito

Los 10 meses de gestión de Carlos Baca bajo escrutinio

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Carlos Baca cumple este martes, 13 de marzo del 2018, 307 días al frente de la Fiscalía General. El funcionario fue elegido para un período de cinco años, pero ahora se enfrenta a una potencial destitución en la Asamblea, debido al audio filtrado hace dos semanas.

En mayo del 2017, Baca llegó a la institución con el compromiso de enjuiciar a los “corruptos, pese a quien le pese”.

10 meses después, el balance es de dos altos exfuncionarios procesados: el exvicepresidente Jorge Glas, detenido desde octubre, y el excontralor prófugo Carlos Pólit; ambos investigados por la trama de corrupción de Odebrecht.

Este caso ya tenía avances cuando él llegó a la institución: Alecksey Mosquera, exministro de Energía, había sido capturado un mes antes, y la Policía ya rastreaba a otros sospechosos como Ricardo Rivera, tío de Glas; Carlos Villamarín, exfuncionario de Senagua; y a tres empresarios.

Desde entonces, Baca ha logrado una sentencia por estos hechos; la de asociación ilícita, en la que está involucrado el exvicepresidente. Hay otros procesos activos por concusión, lavado de activos, captación ilegal de dinero y otra docena de expedientes en investigación reservada.

¿Qué más se ha hecho desde el despacho de la Fiscalía General? El viernes, 9 de marzo, durante su comparecencia en el Legislativo, Baca usó los minutos finales para hablar del trabajo institucional. En una presentación de 52 páginas, las seis últimas se refieren a este punto.

Dos ejes han concentrado la atención del funcionario: el fortalecimiento de la Fiscalía y la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, se capacitó a 3 030 fiscales, se evaluó a otros 2 648 funcionarios y se contrató a 28 nuevos investigadores y a 115 empleados de apoyo (entre secretarios y asistentes).

Además, se crearon las unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (opera actualmente con 11 fiscales) y la de Antilavado de Activos.

¿Es suficiente lo hecho en estos 10 meses de gestión? Jaime Hernández, excatedrático universitario y jurista, señala que el Fiscal “queda debiendo” en torno a la recuperación de los dineros de la corrupción.

“Eso hace dudar de la Fiscalía. No se sabe en dónde están esos fondos ilícitos. Además, ha procesado a los funcionarios por delitos leves”.

Por ahora, lo que ha trascendido es la existencia de dinero aparentemente ilegal en Panamá, Estados Unidos, Curazao, México, Hong Kong, China y Venezuela.

De hecho, a esos países llegaron oficios de la Corte Nacional de Justicia, que solicitaron “incautar, con fines de repatriación, los fondos y participaciones accionarias” de los 13 sospechosos que fueron indagados por asociación ilícita.

Las investigaciones refieren que las entidades bancarias de esas naciones se usaron para triangular el pago de coimas.

Tras 10 meses de gestión, a Baca también se lo cuestiona por el “manejo político” que ha dado a Fiscalía, según Farith Simon, presidente del Tribunal del Colegio de Abogados de Pichincha. “Esto nace desde su elección, porque fue electo bajo consideraciones políticas. Y eso ha tenido un impacto en la forma en cómo él trabaja”.

El mismo criterio tiene Ramiro Román, de la Comisión Anticorrupción. Para él, la gestión del Fiscal “se ha basado en una coyuntura política”.

“Los casos que no están en ese parámetro no caminan. Por ejemplo, hemos presentado varias denuncias; entre estas la de Caminosca, pero no avanzan. Lo mismo sucede con la muerte del general de la FAE Jorge Gabela”, refiere Román.

Fuente: El Comercio

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