Ministro de Trabajo afirma que se aplicará la ley a la empresa Furukawa por irregularidades

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En la Comisión de Derechos Colectivos, Luis Poveda, ministro de Trabajo, detalló las acciones emprendidas por la Cartera de Estado, desde el 2018, a las 32 haciendas de empresa japonesa Furukawa C.A. Se realizó inspecciones integrales a los campamentos, se establecieron sanciones y multas que ascienden a 177.840 dólares por incumplimiento de obligaciones laborales y por contratación a menores de 15 años, además que se evidenció violación de seguridad de salud de los trabajadores, razón por la cual se procedió a cerrar por 80 días la empresa.

Poveda indicó que este 25 de junio venció la prórroga para que entregue la documentación Walter Sánchez, representante legal de la Asociación Abacalera, por tanto, actuará conforme determina la ley, para sancionar a Furukawa C.A, porque existen evidencias de la violación de derechos humanos, derechos laborales de quienes trabajan en las haciendas de Abacá, a más de la explotación infantil, la falta de protocolos de salud por la pandemia de Covid-19. “No tendremos contemplación alguna y en calidad de ministro establecí las directrices para cumplir lo que determina la Constitución y la ley para el cierre de la compañía”, de ser el caso.

El ministro indicó que el 25 de mayo de 2020 los ministerios de Trabajo, Salud e Inclusión Económica realizaron inspecciones a las haciendas de Furukawa para determinar posibles contagiados por Covid-19. Se comprobó que la empresa no proporciona el equipamiento requerido en materia de salud, se pretendía trasladar los costos de las pruebas a los trabajadores quienes además eran obligados a movilizarse en horarios nocturnos hacinados en camiones y buses, sin que se garantice ningún protocolo de seguridad.

Así mismo, el 4 de junio, por pedido de la Alianza por los Derechos Humanos Ecuador, el Ministerio de Trabajo, nuevamente, hace una inspección integral a las 32 haciendas de Furukawa, que se encuentran en Santo Domingo de la Tsáchilas, Los Ríos y Esmeraldas, a fin de verificar las obligaciones laborales y de seguridad de salud laboral y se determinó que no todos quienes trabajan están afiliados al IESS, no se les otorga vacaciones desde hace 3 años, no se les ha cancelado utilidades del 2019, entre otras ilegalidades.

En la sesión virtual, la legisladora Marcela Aguiñaga indicó que llama la atención que no se haya dispuesto el cierre inmediato de la empresa Furukawa C.A, luego de comprobar y verificar la vulneración de derechos humanos y de derechos de trabajo, así como el uso de mano de obra infantil. El parlamentario José Chalá recordó que es más de medio siglo que se da la esclavitud laboral, por lo que pidió la inmediata reparación integral a todos los trabajadores, mientras que el parlamentario Juan Cristóbla Lloret enfatizó que la evidencia encontrada por las tres carteras de Estado debe llevar a concluir en el cierre definitivo de la compañía.

La Comisión también escuchó a Carlos Tamayo Delgado, director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la provincia del Guayas, quien manifestó que presentó a la Fiscalía General del Estado una denuncia por el delito de no afiliación, en el 2019. Dijo que se debe establecer el delito para realizar las acciones administrativas correspondientes. Conoce que el proceso está en indagación previa.

Los parlamentarios elevaron su voz de protesta porque no puede ser que desde el 2019 hasta la fecha no exista la glosa en firme de las autoridades que tienen que actuar en este caso. Por ello, el parlamentario Juan Lloret solicitó a la mesa legislativa la comparecencia de la Fiscal General del Estado para que informe por qué el retraso de este proceso.

De inmediato, la Comisión recibió a Freddy Carrión, Defensor del Pueblo, quien expresó su malestar porque al evidenciarse incumplimientos, vulneración de derechos humanos al pueblo afrodescendiente, las instituciones correspondientes no han procedido al cierre definitivo de Furukawa, además de que se debería proceder con la expropiación de las tierras para ser entregadas a los trabajadores.

Dijo que llama la atención que el exministro de Agricultura, Bayron Flores, sea actualmente el gerente de operaciones de la empresa. Carrión señaló que, por las diferentes irregularidades en las haciendas de abacá, presentó una acción de protección para defender los derechos de los trabajadores que trabajan en Furukawa C.A.

De su lado, Patricia Carrión, delegada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, indicó que debido a estos hechos no solo de carácter laboral, sino también por la vulneración de derechos humanos, a lo que se suma la falta de cumplimiento de protocolos por la pandemia, no solo que se debería establecer nuevas sanciones económicas, sino el cierre definitivo de la compañía Furukawa. Recordó que existen dos medidas cautelares por la demanda de acción de protección.

Pidió a la Comisión de Derechos Colectivos elaborar el informe respectivo sobre el proceso de investigación y fiscalización que llevó adelante sobre la vulneración de derechos contra los trabajadores de Furukawa para que sea conocido en el Pleno de la Asamblea Nacional y tome una resolución como Parlamento.

A la Comisión debían comparecer los ministros de Salud y de Agricultura para que, en el ámbito de sus competencias, expliquen las acciones emprendidas en defensa de los trabajadores de la mencionada empresa, quienes se excusaron de asistir, razón por la cual, la mesa legislativa resolvió citar para la próxima semana a los dos funcionarios.

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