Dos consensos para la reforma electoral

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Los consensos en la Asamblea Nacional para la votación de la reforma al Código de la Democracia, prevista para mañana 3 de diciembre del 2019, giran sobre dos ejes.

Estos tienen que ver con fortalecer el control a los gastos de campaña, por un lado, y con la implementación de nuevos lineamientos para la aplicación de la justicia en materia electoral, en segundo orden.

Al menos los coordinadores de la mayoría parlamentaria, compuesta entre Alianza País (AP), Creo y los bloques de Integración Nacional (BIN) y de Acción Democrática Independiente (BADI) concuerdan en la necesidad de esos cambios.

El presidente de la Asamblea, César Litardo (AP), cree que una herramienta efectiva será obligar a las organizaciones políticas a bancarizar todos los aportes que reciben para campañas electorales. “Cada 15 días tendrán que hacer reportes sobre el manejo de los recursos. Eso permite que se pueda transparentar el manejo”, acotó Eddy Peñafiel, coordinador del BIN.

La necesidad de esos cambios responde a las denuncias de aportes ilegales a AP, por las cuales actualmente están siendo procesadas varias figuras del anterior gobierno, incluido el expresidente Rafael Correa.

Además, la reforma agrega la figura del jefe de campaña, que deberá ser registrado por las organizaciones políticas o los candidatos, quienes tendrán responsabilidad solidaria en el manejo de las cuentas de campaña, conjuntamente con el representante legal y el postulante.

También se obligará a que aquellos candidatos que busquen una reelección en el cargo se acojan a una licencia sin sueldo, resaltó el legislador Raúl Tello, del BADI.

Asimismo, la norma establecerá una tabla para la aplicación de sanciones, divididas en leves, graves o muy graves, para las infracciones electorales. También se considerará a las empresas encuestadoras.

Durante el segundo debate, el bloque de Creo planteó que en la reforma se incluyan definiciones sobre el tema de la precampaña. Sin embargo, eso tuvo el rechazo del resto de bloques, por lo que fue retirado del documento.

“El proyecto final, aun cuando no ha recogido algunas de nuestras propuestas, sí corrige ciertas distorsiones y elimina la discrecionalidad que ha venido afectado a los procesos electorales”, señaló Luis Pachala, coordinador de Creo.

El texto para la votación de la reforma fue entregado el viernes pasado (29 de noviembre del 2019), por la titular de la Comisión de Justicia y ponente del proyecto, Ximena Peña.

El documento se compone de 167 artículos y 10 disposiciones transitorias. Los temas en los que sí hay consenso irán a votación en un solo grupo.

En lo que aún no hay acuerdos, en vísperas de la sesión del Pleno, es en la propuesta de cambiar el método de asignación de escaños (D’Hondt por el método Webster) y en la aplicación de la paridad de género en las listas.

Peña anunció que ambos temas serán votados por separado del resto del articulado, tal como se hizo con el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Los bloques del Partido Social Cristiano y de la Revolución Ciudadana todavía no tienen una postura definida.

La Asamblea se tomó 23 meses para llegar a la votación de los cambios para la normativa electoral. El segundo debate se retomó en septiembre pasado, después de que fuese suspendido en enero del 2018.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, mencionó que la aprobación de la reforma “se debe dar en el menor tiempo posible, para avanzar con las actividades de las elecciones generales del 2021”.

La ley impide un cambio de las reglas electorales un año antes de los comicios, por lo que la reforma deberá ir al Registro Oficial hasta febrero próximo, cuando el CNE planea arrancar con la organización de los comicios en los que el país elegirá presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales y provinciales para el periodo 2021-2025. (El Comercio)

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