El CPCCS, realidad y perspectivas

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Por Ramiro García F.

Si hay una institución que personifique y represente el espíritu de la Revolución Ciudadana, sin duda es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una mentira hecha entidad, un cuento transformado en estructura constitucional. La ficción de la participación ciudadana, llevada al campo de la posverdad. Si en algunos campos la mentira políticamente manejada tuvo ribetes de discurso de gobierno, en el caso del CPCCS llegó a constituirse casi en una bandera, un himno al engaño a un electorado que estaba dispuesto a comprar por bueno cualquier idiotez que se le venda.

La participación ciudadana más allá de esa pestilente clase política que hacía de cada designación de autoridades una oda al reparto. ¡Qué bonito que se escuchaba! Ciudadanos eligiendo a sus mejores pares, para ocupar los más altos cargos de control y justicia. Los partidos políticos al margen de ese debate y retorciéndose al ver que no podían intervenir en tan alta tarea. ¿Qué podía salir mal en un proyecto de semejante calado? ¿Se podía pedir algo mejor? Siete vocales elegidos de entre las diferentes instancias ciudadanas para dotar al país de los mejores en los más altos cargos.

Ya todos sabemos cómo terminó esto, los supuestos representantes ciudadanos fueron simples marionetas del poder, muñecos de trapo que bailaban al son que Carondelet les imponía, ilustres desconocidos que sabían perfectamente que no habrían podido acceder a un cargo así de no mediar su capacidad de reptar. Y es por esta vía que tuvimos los órganos de control que tuvimos. Un contralor que en lugar de velar por la indemnidad de los fondos públicos, ayudaba a contratantes corruptos y contratistas de la misma laya a contar los billetes, varios fiscales que en lugar de cumplir su función, se prestaron a convertirse en perros de presa del poder, un procurador que durante diez años jugó al “sin que te roce” y a la “gallinita ciega”, una Corte Constitucional que era el hazmerreír del mundo, en fin, un dechado de vergüenzas e imposturas y, finalmente, pero no con menos mérito, un Consejo de la Judicatura que solo sirvió para transformar a la justicia en el brazo armado del poder e instrumento de enriquecimiento de quienes lamían su mano.

Un esquema como este evidentemente no puede durar para siempre y con el cambio de gobierno se evidenció la putrefacción en la que nadaban tanto la justicia como los órganos de control. Es entonces cuando el nuevo gobierno decide convocar a consulta popular y proponer al electorado una revisión y transformación total de la institucionalidad correísta, que en lo formal había designado a todas las autoridades de acuerdo con la normativa, pero que, en lo material, había borrado todas y cada una de las líneas divisorias que separaban una función de otra, con la consiguiente horadación de la democracia sustancial que pregona nuestro primer artículo de la Constitución.

Llegó la consulta popular en febrero de 2018 y una clara mayoría se pronunció por un cambio, en específico, por una nueva institucionalidad. Así, de la mano del Dr. Julio César Trujillo llegó un nuevo CPCCS transitorio, que tuvo una primera tarea ardua, pero sostenida, de cesar en sus funciones a las autoridades nombradas por el correísmo, que poco o nada pudieron esgrimir en su favor. El consenso en cuanto a que debían irse fue casi total, salvo partes interesadas y aquellos que acostumbraban a traficar sentencias e informes, pocas voces se hicieron oír en favor de los funcionarios cesados.

Luego de ello vino la segunda fase, la más dura y debatida, la que no deja contento a todo el mundo, nos referimos a la designación de autoridades. En unos casos resultó más fácil la tarea; así, en el caso de la Corte Constitucional se dejó en manos de una comisión de selección que, al cabo de casi tres meses, entregó un listado de jueces que hoy por hoy constituyen la mejor corte que hemos tenido en la historia. Otros procesos, como los de selección del Consejo de la Judicatura o de la Fiscalía General del Estado, fueron bastante más controvertidos y cuestionados. Finalmente, un tercer grupo de designaciones amenaza con desdibujar todo lo hecho por el CPCCS transitorio.

Nos referimos a la designación de defensor del Pueblo, defensor Público y jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Una vez más, el feo rostro de la componenda y el reparto se hacen presentes. ¿Bajo qué consideraciones se calificó a Verónica Potes por debajo de los mejor puntuados en el caso de la Defensoría del Pueblo? ¿Cómo se calificó a Gonzalo Realpe y Gina Gómez de la Torre con cero puntos en trayectoria profesional, habiendo acreditado más de veinte y cinco años de ejercicio profesional cada uno, en el concurso de defensor Público? ¿De dónde aparece una recalificación de última hora que deja a Ángeles Bones fuera del TCE, con mejor currículum y una acción afirmativa? Nos cuesta pensar en un CPCCS secuestrado por funcionarios de segundo nivel, que luego de plasmar los anhelos de la ciudadanía haya decidido al final borrar con el codo aquello que hizo muy bien con la mano. (O)

Fuente: El Universo

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