Deuda: urge superar impasse

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Por Walter Spurrier Baquerizo

En enero 26, se depositaron en la cuenta del Tesoro USD 3 mil millones de la más reciente colocación de bonos. A mayo 4, el saldo bajó en $ 2.800 millones: ya se gastó casi todo.

Para cumplir con sus pagos el Gobierno necesita contar con más fondos a más tardar a principios del junio, de lo contrario incurrirá en atrasos con contratistas y empleados públicos.

Hay un inconveniente: la Contraloría auditó la deuda pública y determinó que ya en 2016 se había superado el tope de endeudamiento que permite la ley, 40% del PIB, un valor de USD 40 mil millones en números redondos. La ministra de Finanzas objeta esta determinación de la Contraloría. Pero si el contralor no se hubiera pronunciado, estaría incurriendo en encubrimiento de una violación de la ley.

Este es uno de tantos problemas que surgen del paso de un gobierno arbitrario y autoritario, a otro que se rige por el marco legal.

El Gobierno, para emitir nuevos bonos, tiene tres opciones:

-Pedir a la Asamblea que cambie la ley, elevando el tope legal, digamos al 60%;

-Solicitar a la Asamblea que por esta vez le autorice el incremento del endeudamiento, acogiéndose a la disposición que permite hacer excepción en el caso de proyectos de inversión de interés nacional siempre y cuando se presente un plan de fortalecimiento fiscal. La aprobación requiere mayoría absoluta de la Asamblea.

Podría sostenerse que el nuevo endeudamiento financiará los proyectos de inversión del presupuesto.

-Emitir bonos desestimando el informe del Contralor.

El Gobierno ha descartado la primera opción, quizá por considerar que es imposible lograr la mayoría legislativa.

Para la segunda opción, es probable que los bloques de la oposición requieran que el programa acoja sus observaciones. Esto no satisface a las autoridades: difícilmente saldría un programa viable. Por su parte, la oposición no aceptaría que se grave con IVA a las pólizas de seguros de vida y salud, y con el ISD a las importaciones de insumos para actividades productivas, como se propone el Gobierno.

Optaron por la tercera vía. La ministra Viteri sostiene que cuando la Asamblea aprobó el Presupuesto 2018, aprobó el financiamiento, por lo que no requiere nueva autorización ni cambio legal.

Este tercer camino tiene otro escollo: que lo acepte el mercado internacional. Hace diez años, con la misma ministra, se declaró ilegítima la deuda de los bonos 2012 y 2030. ¿No podrá acaso un próximo gobierno, declarar este endeudamiento ilegal?

El mercado financiero se alarmó al enterarse de que la deuda es mayor a lo que informaba el Gobierno. Le preocupa la auditoría de la Contraloría, la falta de programa económico, la inminente crisis de gabinete. Desde principios del año a la fecha, el riesgo país ha subido en 307 puntos a 737 puntos, que se traduce en 11% de interés. Una nueva colocación de bonos, de darse, sería costosísima.

La mejor solución es la dos: difícil pero no imposible. La oposición no querrá un colapso fiscal. El Gobierno debería consultar con los bloques legislativos bien dispuestos y presentar un programa económico que les sea aceptable.

Sea cual fuere la solución, tiene que darse ya. El tiempo viene corto. (O)


Fuente: El Universo

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