Discapacidad moral

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Por Walter Spurrier Baquerizo

Es largo y prolijo el proceso para que una persona con discapacidad física o mental sea acreditada como tal y pueda acceder a los beneficios de ley. El proceso incluye visita a domicilio por parte de personal calificado que determina si la persona amerita continuar en el proceso y qué especialista tiene que examinarlo. Luego, en un centro de salud pública, un médico especialista lleva a cabo un examen minucioso y llena formularios que pasan a un médico evaluador, quien tiene instrucciones de ser exigente y no laxo en la calificación. A los evaluadores que tienden a dar alta calificación, a su vez los auditan sus superiores. Cada cierto tiempo vuelve a examinarse a quienes tienen carné de discapacidad, siendo la tendencia a bajar la calificación.

Toma varios meses el trámite para que una persona con discapacidad física o mental pueda acceder a un carné donde se especifica su dolencia y su gravedad. Así debe ser. Pero resulta que hay un atajo para los de discapacidad moral, quienes pretextando alguna deficiencia auditiva o malestar en la columna, de la noche a la mañana obtienen un carné en que constan con discapacidad grave. Tres mil tales carnés se expidieron durante la cuarentena.

Hay una larga lista de políticos y funcionarios para quienes una pequeña dolencia mereció una muy generosa calificación de discapacidad.

El presidente del directorio del IESS informa que estos carnés falsos sirven también para acogerse a una jubilación anticipada: fraude al IESS. Se da particularmente entre empleados públicos.

La revelación de tanto abuso lleva a las autoridades a suspender beneficios para las personas con discapacidad. Los que legítimamente se benefician de las protecciones de la ley serán los perjudicados.

La corrupción no se circunscribe a la apropiación de beneficios diseñados para una población vulnerable. El destape que ha hecho la fiscal del mecanismo de corrupción montado en el Gobierno anterior, unido al levantamiento de la mordaza a los medios de comunicación, ha llevado a revelar lo extendido de la corrupción en nuestra sociedad.

El jefe del bloque oficialista en la Asamblea está involucrado en la entrega de la construcción del hospital de Pedernales a un contratista que recibió e hizo desaparecer $8000 millones, y no hace la obra.

Los asambleístas tienen a su disposición partidas para contratar investigadores y asesores para elevar la calidad de su trabajo legislativo. Algunos utilizan esas partidas para contratar gente descalificada que está dispuesta a firmar como asesores a cambio de compartir el salario con el legislador, proceso tan común que recibe el nombre de “diezmo”.

La corrupción no es algo nuevo, pero ha llegado a extremos. Los mismos que venden con sobreprecio medicamentos a los hospitales gracias a concursos amañados se sustraen de los centros de salud medicamentos escasos y costosos para revenderlos en la calle, sin tomar precauciones para impedir su deterioro. Y se movilizan en vehículos liberados obtenidos gracias a un carné de discapacidad.

Estos son ejemplos de lo que sucede en la esfera pública. Pero es reflejo de la situación en la sociedad.

Si dieran carné por discapacidad moral, las autoridades no se darían abasto para atender el alud de solicitudes. (O)


Fuente: El Universo

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