Los kits del delito

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Por Walter Spurrier Baquerizo

La Fiscalía inició un proceso contra funcionarios de Gestión de Riesgos por la compra de kits de alimentos con un presunto sobreprecio.

La primera pregunta que salta es por qué Gestión de Riesgos compraba kits alimenticios.

La respuesta que sin duda brota de sus labios, lector, es que el Gobierno está empeñado en una tarea humanitaria y con esos kits se iba a atender las necesidades de siete mil familias. Probablemente, y sobre todo si usted vive en nuestra solidaria ciudad, conoce de fundaciones, o sociedades de beneficencia, o grupos de señoras que con dedicación, incluso en momentos normales, se dedican a armar paquetes con vituallas para los necesitados.

Pero se trata de dos casos distintos. Las sociedades de beneficencia solicitan a empresas que les donen productos, a otras que les proporcionen transporte, y a personas que contribuyan con su tiempo a recoger productos, armar paquetes, repartir. La característica es que esas sociedades tienen tiempo, voluntad, destrezas y así, con escaso dinero, logran brindar un servicio social.

El caso del Gobierno es radicalmente distinto. Lo que tiene es dinero. Lo práctico, lo expedito, es que contacte a los bancos con extensa red en áreas populares, como Banco Guayaquil y Banco Pichincha, y les pida que entreguen gratuitamente a través de sus bancos del barrio, $150 a cada una de siete mil familias. Los Mi Vecino y Banco del Barrio felices participarían en el programa, pues lo probable es que quienes cobren sus 150 dólares, compren ahí mismo sus alimentos.

Para el beneficiario, es recibir dinero para comprar los alimentos que necesita, y cada familia tiene distintos requerimientos y gustos. Lo que puede comprar con $150 seguro llenará mejor sus necesidades que lo que el Gobierno piensa que debe consumir. Además, puede retirar el dinero en su barrio.

Para el Gobierno significa ahorrarse un concurso de compras, y el problema logístico de entregar siete mil paquetes cada uno en una dirección distinta del país.

¿Por qué optaron por los kits, y no entregar el dinero?

Por dos razones. La primera, porque las compras públicas son un negocio para malos elementos en la burocracia. Entre vendedor y funcionarios corruptos se reparten el sobreprecio. En este caso, los $150 compraron kits con alimentos que a precio de supermercado costaban 85 dólares. O sea si el beneficiario recibía 150 dólares, compraba todo lo del kit y le quedaban $65 en el bolsillo. En efecto, los $65 iban al bolsillo, pero de otros, no los beneficiarios.

¡Un sobreprecio de 76 %! Sin contar que el proveedor compraba a precio de mayorista.

Con compras e inversión por 12 500 millones de dólares en 2019, ¡Imagínese cuántas oportunidades!

El otro, es que los kits se reparten como las canastas navideñas: muestra de aprecio del patrono al empleado, o del proveedor de servicios a un buen cliente. En el caso del Gobierno, es para crear gratitud del beneficiario hacia los gobernantes. O sea el segundo motivo para optar por este mecanismo ineficiente, es fomentar el clientelismo político. Cuando lo único que debe primar, es brindar al ciudadano el máximo servicio al mínimo costo.

No más corrupción, no más clientelismo. Paren eso, señores.

Fuente: El Universo

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