Reparación impostergable

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Por Alberto Dahik Garzozi

El cuaderno de Pamela Martínez, que debe llamarse “Alicia en el país de las pesadillas”, sigue presentando pruebas contundentes sobre la maquinaria de corrupción, chantaje, manipulación de la justicia y en general destrucción de la institucionalidad del Ecuador. Cuando más y más cosas salgan, se verá el porqué en mi último artículo dije que no será en 10 años que logremos arreglar el daño hecho por la FaRC (familia revolución ciudadana) al Ecuador, sino que en 10 años a lo mejor empecemos a entender la profundidad, los alcances de ese daño.

Pocos episodios son tan vergonzantes como el del famoso 30-S, en el cual, la tramoya de usar medios de comunicación, mentiras, el cinismo despótico típico de las FaRC, imágenes manipuladas y más artificios engañosos, permitió al ejecutivo contar una de las historias más aberrantes, más falsas, más injustas y perversas que se hayan oído en la vida republicana del Ecuador: “La Policía había intentado dar un golpe de Estado”.

Revisen, estimados lectores, la historia del Ecuador y pregúntense cuándo una institución que se llama policía civil, y que ha sido tradicionalmente fiel y leal al gobierno de turno, participó o fue protagonista de un golpe de Estado, o de un intento de golpe de Estado.

Esto solo se dio en las mentes corruptas, moralmente dañadas de la FaRC. Y fue utilizada esta mentira en una forma impresionante. Se persiguió a periodistas que cuestionaron el sainete. Se persiguió a medios de comunicación, entre ellos a este querido Diario, lo cual terminó en que se escribiera en la misma Presidencia de la República la sentencia contra Diario EL UNIVERSO. De esa mentira, de ese montaje, de esa farsa, devinieron muchas perversidades y muchas injusticias. ¿Quién pude dudar ahora, luego de las reveladoras realidades que muestra el famoso cuaderno de Pamela, que tras la comedia del 30-S se manipuló luego a la justicia para sobre la mentira perseguir a gente inocente?

Pero de los muchos perjudicados, nadie como la Policía Nacional, y un grupo de oficiales, suboficiales y tropa, que estuvieron “en el lugar incorrecto, en el momento más inoportuno”, y terminaron con sus vidas brutalmente afectadas, algunos en prisión, algunos todavía en proceso judicial, y todos afectados en su carrera profesional.

La Policía Nacional como institución sufrió un desgaste, una acusación que circuló por todo el planeta, una mentira de esas típicas de la FaRC que hizo ver a una institución vital para la patria, como un nido de golpistas y traidores a la constitución, cosa totalmente alejada de la verdad.

Los seres humanos afectados son muchos. Recuerdo los nombres del hoy coronel Rolando Tapia, teniente de la policía cuando con eficiencia, lealtad, honestidad y profesionalismo fue parte de mi guardia de seguridad cuando ejercí la Vicepresidencia de la República. Un gran oficial. Están los nombres del coronel César Carrión, de la teniente coronel Patricia Santillán, del coronel Julio Cueva, del capitán Paolo Mafla, del coronel Wladimir Jara, del capitán Carlos Zúñiga, de los sargentos Luis Martínez, Marco García y Freddy Núñez, de la policía Isabel Alvarado, y de muchos, muchos otros no nombrados aquí, todos absolutamente inocentes. Porque si lo del 30-S fue una gran mentira, como todo el Ecuador lo sabe, cualesquiera hayan sido las acusaciones contra este grupo aquí nombrado y todos los demás no nombrados, son acusaciones nulas, de nulidad absoluta, falsas de falsedad absoluta. Solo sucedió que estuvieron en ese momento en el lugar equivocado, en cumplimiento de su deber, y de tareas asignadas por sus superiores.

Solo les queda un camino al señor presidente de la República y a la Asamblea Nacional. Para el primero, el inmediato indulto, a todos aquellos que han sido condenados. Para la segunda, la inmediata amnistía para quienes están todavía envueltos en procesos judiciales relacionados al 30-S.

Pero esto no para ahí: la reparación es indispensable. Hace poco la Corte Interamericana de Derechos Humanos exigió al Ecuador otorgar el grado de general, al hasta ese entonces coronel Luis Hernández, héroe del Cenepa, porque injustamente se lo privó de su ascenso. Ese fallo demuestra que se debe reparar la injusticia.

El daño moral y a las carreras profesionales de todos los miembros de la Policía afectados por el gran fiasco tiene y debe ser reparado: restitución de sus carreras, compensación económica del Estado por el daño moral, y un público reconocimiento ante la injusticia a la que fueron sometidos. Y esos costos, deben revertir sobre quienes produjeron el daño.

Y luego hacer que el Ecuador reconozca, a través de un pronunciamiento de las más altas autoridades, que la Policía Nacional como institución no dio un golpe, que nunca lo ha dado, que eso no es parte de su tradición, y que de este vergonzoso episodio salga la conclusión que ella debe ser apoyada más que nunca, profesionalizada más que nunca, y reiterarle que es una institución básica y fundamental para la supervivencia de la nación.


Fuente: El Universo

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