Roberto López: La CIDH se ha convertido en el brazo ejecutor del Foro de Sao Paulo

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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió solicitar medidas de protección a favor de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el dirigente del grupo Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández, y de Christian González, empleado de la Prefectura, quienes están detenidos por el delito de rebelión.

El abogado constitucionalista, Roberto López, explica en Frontalmente que este organismo violó el reglamento, ya que el artículo 25 sobre medidas cautelares, establece tres requisitos para que la CIDH pueda solicitar a los Estados la aplicación de las mismas:

  1. Extrema gravedad
  2. Urgencia de la situación
  3. Irreparabilidad

A su juicio, ninguno de estos elementos están en juego, porque el argumento de la prefecta Pabón, es que debido a las "continuas requisas, se pone en peligro su seguridad y su vida".

"Esto es una payasada", dijo al considerar que las requisas son beneficiosas para la seguridad de un recinto penitenciario.

Para el jurista, la comisión esta haciendo un análisis parcial y se está olvidando que en Ecuador quienes (políticos) salen de las cárceles con medidas sustitutivas de libertad huyen del país. Roberto López recuerda que la prefecta cometió un delito penal, no político.

"La comisión (CIDH) altamente diligente, tiene el objetivo de tratar este caso como un tema político", dijo.

Sin embargo, menciona que en el documento el organismo "no se la juega" por Pabón y Hernández. "Es un saludo a la bandera (...) Ahí no establece que corre peligro su vida, solamente sugieren que se revisen las medidas cautelares".

Señala que el exmandatario Rafael Correa solo necesitaba este pronunciamiento para "agarrarse como siempre de la puntica" para ampliar la mentira.

Asimismo, cuestionó la petición de la asambleísta Doris Solíz para concederle una amnistía por delitos político. "Stop Solíz esto no es un delito común (...) Las pruebas que la Fiscalía tiene son contundente".

Explicó que sin una condena no se puede otorgar una amnistía, de lo contrario caerían en un fallo jurídico grave.


Delito de rebelión

De cinco a siete años de prisión establece como sanción el art. 336 del COIP a quien realice acciones violentas que tengan por objeto el desconocimiento de la Constitución o el derrocamiento del gobierno, aunque al mismo tiempo se afirma: “Sin que ello afecte el legítimo derecho a la resistencia.


Según López, la CIDH, la ONU y la OEA se han convertido en el brazo ejecutor del Foro de Sao Paulo, el cual tiene un programa de acción política con el objetivo de destruir la institucionalidad de todos los países de la región.

"La idea es que la sociedad pierda el norte de los valores tradicionales para por las taqueras meter el socialismo y el comunismo", expuso.

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